Pos los jueces y magistrados siempre se han sentido intocables, interpretan las leyes como mejor les conviene, la mayoría de las veces, basados en la obtención de más poder o de dinero, poniendo en peligro al pueblo, a los mas vulnerables, como sucedió en Ciudad Juárez en mayo de 2022.
Por esas esas fechas, un grupo de sicarios armados hasta los dientes, persiguió en varios vehículos a un automóvil en el que iban adultos y menores. Durante varios metros les soltaron varias ráfagas hasta que los alcanzaron frente al Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), donde murieron cinco personas, dos hombres, dos mujeres y un niño.
Las víctimas acababan de salir de una audiencia en el Poder Judicial de la Federación. A bordo de un Chevrolet Spark, color gris, iban dos líderes del narcotráfico de Ciudad Juárez, que después se supo, habían recibido el beneficio de la libertad por parte de un juez.
Muchos activistas levantaron la mano y pos hasta el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, le saltó al ruedo poniendo el grito en el cielo por la actuación del Poder Judicial, porque la Policía Municipal fue la que detuvo a tres de las personas que luego fueron ultimadas frente a decenas de testigos. El jefe de la Comuna recordó que habían sido arrestados con drogas y armas de alto poder, pero el juez consideró que por “errores” de los agentes, los sicarios tenían que regresar a las calles.
Ese mesmo año, pero en octubre, hubo otra transa igual de descarada que solo se puede entender con dólares de por medio. Pos elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) y soldados mexicanos, detuvieron a seis integrantes del Cártel de Sinaloa la madrugada del 29 de septiembre en Guachochi con varias pistolas, dos rifles automáticos “cuerno de chivo”, un rifle .223, todo eso junto con 20 cargadores para distintos calibres, 772 cartuchos para “cuerno”, tres granadas, varios costales con marihuana, casi un kilo de goma de opio, equipo de radiocomunicación y dos vehículos que resultaron robados.
Nos dijeron, pues, algunos contactos de la Fiscalía en la capital del estado, que a los detenidos se los llevaron de Guachochi como pudieron, y resguardados por militares, los consignaron a la Fiscalía General de la República (FGR) en donde estuvieron dos días, suponemos, mientras se arreglaban con los jefes de los sicarios para ver de a cuánto iba a ser el moche.
La movida del Poder Judicial fue encabezada por la jueza de Control (especializada en el sistema penal acusatorio) Cristina Lozoya Gámez. Ahí en la ciudad judicial federal, hizo de todo. Al principio algo le salió mal, porque en la audiencia inicial llevada a cabo el 1 de octubre, un juez federal consideró de inicio legal la detención, aunque intentó restar credibilidad al informe de la policía estatal.
Cuatro días después, doña Cristina Lozoya hizo magia y se sacó de la manga una medida para dejar a los sicarios libres. En la Audiencia de vinculación, que duró seis horas, suponemos otra vez que se extendió durante horas mientras se daba la negociación con los malandros, la jueza determinó poner en libertad a todos porque consideró la detención ilegal. Según ella los sicarios fueron sacados de sus domicilios y no ubicados en los vehículos descritos, una pick up Frontier y una Chevrolet.
Como estos casos hay muchos en todos los estados de la república. Los jueces son violadores de la ley, porque sueltan a narcos que fueron detenidos con las manos en la masa y los dejan en libertad por argucias legales. Están poniendo más atención en la billetiza y en los tecnicismos, que en la seguridad del pueblo y eso no se vale, pues.
Se van jefes con los sueldos, pos tienen un ingreso anual de 5 millones 166 mil 29.22 pesos, lo que en otras palabras quiere decir que ganan al mes en promedio 430 mil 502.44 pesos mensuales, y eso pos no lo estamos inventando, usted puede consultarlo, para que termine de darle coraje, en la Plataforma Nacional de Transparencia.
