Los estados occidentales han desplegado una campaña masiva para acusar a Rusia de provocar una crisis energética. Tales acusaciones no corresponden a la realidad.
La volatilidad en el mercado energético y el alza de los precios de los hidrocarburos datan de mucho antes de que comenzara la operación especial militar. De abril de 2020 a diciembre de 2021, los precios mundiales del petróleo aumentaron de 25 a 78 dólares por barril. En 2021, los precios del gas aumentaron de 500 a mil 950 dólares por mil metros cúbicos.
La política miope de los países occidentales ha llevado a esta crisis. En primer lugar, se trata de una transición energética acelerada mediante el aumento de los subsidios para las fuentes de energía renovables (FER) al tiempo que se redujo drásticamente la inversión en los sectores del petróleo y el gas.
Según la Agencia Internacional de la Energía, entre 2017 y 2021 las inversiones en el sector del petróleo y el gas se redujeron en casi 100 mil millones de dólares. Durante el mismo periodo, el volumen de inversiones en energías renovables (que incluye subsidios y altos precios de compra de electricidad de las FER) aumentó en 120 mil millones de dólares.
La operación militar especial no ha llevado a la interrupción del suministro/ tránsito de petróleo o gas a Europa por el territorio ucranio. La baja en los suministros de Rusia y el alza de los precios en Europa fueron provocados artificialmente y se deben a las decisiones de políticos occidentales y restricciones impuestas contra Rusia.
En septiembre de 2022 el sistema de gasoductos ruso Nord Stream fue destruido por un atentado terrorista.
Por lo tanto, Occidente es el que utiliza la energía como arma. Los estados occidentales tomaron una serie de medidas antimercado (prohibición de la importación de carbón ruso a partir del 10 de agosto de 2022, desde el 5 de diciembre de 2022 –petróleo ruso por mar, desde el 5 de febrero de 2023– productos derivados del petróleo, la creación de un “cártel de compradores” y un “techo de precios” para el petróleo ruso).
Esto condujo a una ruptura de las cadenas de suministro existentes, una redistribución de los flujos energéticos globales y un alza en los costos de transacción. Las restricciones ilegítimas y las medidas antimercado constituyen un precedente peligroso para el comercio internacional y una grave amenaza para la seguridad energética mundial.
