Pos para todos queda claro ya, pues, que la gobernadora Maru Campos le falló a los chihuahuenses en muchas cosas, una de ellas es el asunto de seguridad. El último caso que evidencia el fracaso es el asesinato del oficial mayor Pedro Pablo Lara, de Nuevo Casas Grandes, nombrado hace menos de dos semanas, junto con otros diez funcionarios de la actual alcaldesa Edith Escárcega.
Por supuesto que hubo reacciones del Gobierno de la Liga de la Injusticia del Gobierno Estatal, como siempre, que llegarán hasta las últimas consecuencias, bla, bla y bla. Lo que no aceptan, pues, es que la mentada Plataforma Centinela, que le costó un ojo de la cara a las y los ciudadanos de la entidad, no sirve para nada y que solo ha sido una vacilada, si se toman en cuenta los resultados que ha obtenido y los más de 4 mil 700 millones de pesos que costó.
El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, se escondió ayer y no dio declaraciones, quesque andaba porque andaba ocupado, háganos el favor estimada lectora, querido lector.
La violencia en todo el estado, particularmente en Ciudad Juárez, está desatada y no solo las autoridades estatales parecen estar pintadas, sino también la federal, que se supone que mandó cientos de agentes de la Guardia Nacional hace unos días para combatir la violencia que ahoga a la frontera. Y es que ya van varios asesinatos en la región de lato impacto, el del reportero Ismael Villagómez, el tiktoker Rafa Wayne que murió mientras transmitía en vivo desde su auto y ahora el del funcionario de NCG.
La creciente impunidad de los cárteles se manifiesta de manera escalofriante en Nuevo Casas Grandes. Más allá del homicidio en cuestión, la violencia desenfrenada revela una rebelión criminal que se extiende a demarcaciones vecinas como Casas Grandes, Galeana, Zaragoza y Janos, poblado éste último, donde su exjefe de la Policía fue condenado a 15 años por nexos criminales y su implicación en la masacre de la comunidad Lebarón en 2019, subraya la penetración y la persistencia del crimen organizado en la región. La falta de control pone de manifiesto la urgente necesidad de acciones efectivas para contener la violencia.
Pos esto de nueva cuenta nos muestra que el Gobierno del Estado le vio la cara a los chihuahuenses, con un gasto inncesario para la Plataforma Centinela en el Gobierno del Estado, en el que se gastaron 4,700 millones de pesos. Ya sabemos, pues, que el proceso mediante el cual se aprobó este gasto también siempre ha olido a transa. No olvidemos que la autorización se llevó a cabo durante una sesión extraordinaria del Comité Central de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder Ejecutivo, celebrada el 22 de junio de 2022.
En esa misma sesión, el Comité Central de Adquisiciones tomó la decisión de autorizar un procedimiento de adjudicación directa, evitando así el proceso de licitación pública, para la contratación del «servicio integral de enlace y monitoreo de seguridad y videovigilancia del proyecto Plataforma Centinela». Este tipo de decisiones levanta banderas rojas en términos de la equidad y la competitividad en la distribución de contratos públicos, aspectos cruciales para garantizar la eficiencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos.
El periodo autorizado para la ejecución de este servicio abarca desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de agosto de 2027, con la posibilidad de extenderse 90 días naturales adicionales sin costo. Esta duración extensa del contrato plantea interrogantes sobre la planificación a largo plazo y la necesidad real de compromisos tan extensos. ¿Qué garantías existen de que esta plataforma mantendrá su relevancia y efectividad durante ese extenso período? Estas son cuestiones cruciales que la ciudadanía espera que se aclaren.
Insistimos en la Plataforma Centinela porque la inseguridad y violencia siguen en cada rincón de Chihuahua. Lo que han hecho, pues, es una estafa, por eso nos seguimos haciendo preguntas sobre la transparencia, la equidad en la contratación pública y la gestión de recursos. La sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de exigir respuestas claras y garantizar que la administración pública actúe en beneficio de todos los ciudadanos, sobre todo porque el crimen organizado es ya el que manda en el estado.
Por eso somos los rompenueces.
