En un giro legal que ha desatado polémica, el juez R. Austin Huffaker dictaminó este miércoles que Alabama podrá proceder con la ejecución de Kenneth Eugene Smith mediante la aplicación de nitrógeno, marcando un precedente que permitiría por primera vez en Estados Unidos el uso de este método de pena capital. La decisión, que rechaza la solicitud de suspensión presentada por los abogados de Smith, abre la puerta a la implementación de un procedimiento que ha sido calificado como cruel y experimental.
Kenneth Eugene Smith, de 58 años, se encuentra condenado por el asesinato de la esposa de un predicador en una pequeña comunidad del norte de Alabama en 1988. Aunque Smith y otro hombre fueron acusados de recibir mil dólares cada uno para llevar a cabo el crimen, su ejecución prevista para el 25 de enero ha desatado una controversia legal centrada en el método de aplicación del nitrógeno.
El procedimiento consiste en colocar una máscara tipo respirador sobre la nariz y boca del reo, sustituyendo el aire respirable con nitrógeno, induciendo así la muerte por falta de oxígeno. Aunque tres estados, Alabama, Mississippi y Oklahoma, han autorizado este método, hasta la fecha ninguno ha llevado a cabo una ejecución utilizando nitrógeno.
Los abogados de Smith han expresado su descontento, argumentando que la decisión del juez convierte a su cliente en un «conejillo de indias» para un método nunca antes probado. Se espera que apelen la decisión, lo que podría llevar el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
La polémica en torno al uso del nitrógeno como método de ejecución se intensificó durante una audiencia judicial en diciembre, donde se presentaron argumentos divergentes sobre los riesgos y la humanidad de aplicar la pena de muerte de esta manera. Mientras el despacho del procurador general de Alabama, Steve Marshall, asegura que la privación de oxígeno conduce a la inconsciencia en pocos segundos y a la muerte en minutos, los abogados de Smith destacan incertidumbres y potenciales problemas que podrían violar la prohibición constitucional de un castigo cruel e inusual. La controversia está lejos de resolverse, y la decisión del juez podría marcar un hito en la forma en que se aplica la pena capital en el país.
