Pos naiden cree que un grupo de ciudadanos se haya armado de valor, pues, como para caer en el absurdo de exigirle al Poder Judicial que le otorgue prisión domiciliaria a César Duarte, exgobernador de Chihuahua.
Ya veníamos apuntando aquí, desde el año pasado, que su equipo legal andaba planeando exagerar todo esto de las supuestas enfermedades y los males renales, para que, primero lo sacaran de la cárcel y fuera llevado a un hospital y después, dejar en el imaginario social que don César estaba enfermo, para sustentar toda esta campaña.
Las autoridades estatales cometieron el error de permitirle al exmandatario atenderse en una clínica privada, como si gozara de privilegios, a diferencia de los otros presos que son atendidos en los hospitales generales de gobierno, sin embargo, pues, luego recapacitaron y al menos públicamente, no se le ha llevado a otra institución médica privada.
En un hecho inédito, pues, se le vio a Duarte regañar a la juez, como si todavía fuera el gobernador, pero el hecho salió como los abogados querían, que se le viera en los medios de comunicación, hasta que llegó la protesta de los acarreados parralenses y de Balleza.
Pos entre la bola de manifestantes, andaba el hijo del exgobernador, César Adrián Duarte, por si quedara duda de que había sido Duarte el que se encargó de todo para movilizar a unas cien personas a favor de la prisión domiciliaria.
Resulta y resalta, que en el Tribunal Superior de Justicia del Estado, donde fue reelegida en el 2023 Myriam Hernández Acosta, como presidenta, debe poner mucha atención, sobre todo porque Hernández es duartista y tiene que dejar bien delimitado que primero está la ley, y luego la amistad o los favores políticos.
Que no vayan a salir con que a Chuchita la bolsearon, porque el equipo legal de Duarte le anda rascando los destos al tigre, como lo hizo con un juzgado de distrito del Poder Judicial Federal, que a finales de febrero de este año, otorgó protección por la vía del amparo al exgobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-2016), derivado de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional e inconvencional un segundo proceso penal en su contra por el delito de peculado agravado, con lo que también se anularon posibles nuevas órdenes de aprehensión.
Hay que tener bien presente, pues, que derivado de esa acción legaloide, la resolución de la Suprema Corte el miércoles pasado, solo quedó vigente la causa penal 3041/19, en la que se acusa a Duarte por los delitos de peculado y asociación delictiva, en relación al desvío de 96.6 millones de pesos, los cuales sustrajo presuntamente de las arcas públicas hacia sus empresas: Unión Ganadera Regional División del Norte y Financiera División del Norte, a través de la simulación de apoyos a productores pecuarios.
Por eso somos los rompenueces.
