Pos el anuncio del arribo de un nuevo lote de 10 camiones para las rutas troncales de Chihuahua y Juárez, sin duda, levanta expectativas entre los ciudadanos que dependen del transporte público para desplazarse en su día a día. Sin embargo, detrás de la aparente renovación, es necesario analizar más profundamente la realidad que estos vehículos representan.
En primer lugar, pues, la adquisición de estos camiones Mercedes-Benz es presentada como un avance en la modernización del transporte público en el estado. Sin embargo, ¿realmente se trata de una mejora significativa para los usuarios? ¿O más bien es una estrategia superficial para proyectar una imagen de progreso sin atender las necesidades fundamentales del sistema de transporte justo en tiempos electorales?
Es importante destacar, pues, que esta no es la primera vez que se anuncia la llegada de nuevos vehículos para el transporte público en Chihuahua y Juárez. En el pasado, hemos sido testigos, pues, de iniciativas similares que, lamentablemente, no han logrado resolver los problemas estructurales que aquejan a este servicio vital para la comunidad.
Otras preguntas que surgen son: ¿qué garantías tienen los juarenses de que esta vez será diferente? ¿Se han implementado medidas adicionales para asegurar que los nuevos camiones no sufran el mismo destino que sus predecesores, cayendo en el abandono y la falta de mantenimiento?
Además, es crucial considerar la distribución de estos vehículos. Si bien se informa que 55 unidades serán destinadas a Juárez y 25 a Chihuahua, habrá que esperar hasta cuándo se va a completar esa cifra para ambas ciudades, pues.
En resumen, pues, la llegada de nuevos camiones para el transporte público en Chihuahua y Juárez es un paso que merece ser recibido con cautela y escepticismo. Más allá de los camiones nuevos, es fundamental que las autoridades se comprometan a abordar los problemas de fondo que afectan a este servicio esencial para miles de ciudadanos, y uno de los temas que debe estar tratándose desde ya, es la municipalización del transporte público.
Pos cambiando de tema, pues, la turbulencia política en el Congreso del Estado ha alcanzado su punto álgido con las acusaciones de violencia política de género que enfrentan varios diputados de la bancada morenista.
El escenario que se vislumbra en las próximas semanas es desolador para algunos morenistas: la posibilidad real de que figuras como Cuauhtémoc Estrada, Leticia Ortega, David Óscar Castrejón, Benjamín Carrera, María Antonieta Pérez y otros integrantes de esta facción sean registrados como violentadores. Este escenario no solo les impediría buscar la reelección, sino cualquier cargo de elección popular, lo cual constituye un duro golpe para su ambición política.
La denuncia de violencia política de género interpuesta por Adriana Terrazas Porras, también miembro de Morena, ha sido el catalizador de esta situación. Como ya lo habíamos ventilado en este su espacio favorito de Redes Ciudadanas, Terrazas ha sido víctima de ataques de esos legisladores , pero como dicen, todo en este mundo se paga.
Por eso somos los rompenueces.
