Pos en la grilla política, el intercambio de ideas, propuestas y críticas debería ser el pan de cada día. Sin embargo, lo que presenciamos en la reciente sesión de Cabildo en Guadalupe no fue más que una muestra grotesca de lo que no debería ser la política: violencia, agresiones físicas y un completo desprecio por la institucionalidad.
Y es que ayer presidente municipal con licencia y candidato a la reelección, Fausto González, protagonizó un vergonzoso episodio al irrumpir violentamente en la sesión de Cabildo, agrediendo físicamente al secretario del Ayuntamiento, Miguel Ángel Anaya. ¿Cuál fue el motivo de esta lamentable actuación? La destitución del secretario y la presentación de pruebas de presuntos desfalcos en los que se involucra al propio González.
Resulta y resalta que en lugar de enfrentar estas acusaciones con transparencia y responsabilidad, el candidato optó por recurrir a la violencia, pues, desatando un caos que no solo pone en riesgo la integridad física de los presentes, sino que también socava la confianza en las instituciones democráticas.
Los mesmos morenistas dicen que es inadmisible que en pleno siglo XXI sigamos siendo testigos de comportamientos propios de épocas oscuras de la historia política. La violencia no es ni será jamás un recurso válido para dirimir diferencias o defender intereses políticos. Al contrario, solo sirve para envenenar el debate público y sembrar el miedo entre la ciudadanía.
Además de la violencia física, también es preocupante la posibilidad de que se cometan actos de corrupción para encubrir los presuntos desfalcos. El temor expresado por Miguel Ángel Anaya respecto a la posible destrucción de evidencias evidencia la urgente necesidad de una actuación firme por parte de las autoridades competentes para garantizar la transparencia y el estado de derecho.
La falta de respuesta por parte de Fausto González ante las solicitudes de entrevista y su ausencia sin aviso previo al Cabildo solo añaden más incertidumbre y alimentan las sospechas sobre su gestión y su compromiso con la legalidad.
Es responsabilidad de todos los actores políticos, sin importar su filiación partidista, rechazar categóricamente la violencia y comprometerse con el respeto a las instituciones y al Estado de derecho. La ciudadanía merece líderes que abracen la política como un instrumento para el bien común, no como una arena para la confrontación violenta y la impunidad.
La oposición, con justa razón, dijo que era hora de levantar la voz y exigir un alto a la violencia en la política. No podemos permitir que incidentes como el ocurrido en Guadalupe se repitan. La democracia y el estado de derecho están en juego, y depende de todos nosotros protegerlos y fortalecerlos.
