Pos la gobernadora María Eugenia Campos Galván sigue dando pasos que despiertan sospechas y críticas en torno a sus vínculos con el exgobernador César Duarte Jáquez. En un movimiento reciente, Campos Galván intenta imponer a Nidia Aidin Orpinel Pizarro, una figura íntimamente ligada a Duarte, como Magistrada del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. Esta acción no solo pone en tela de juicio la independencia del órgano jurisdiccional, sino que también evidencia un patrón preocupante de favorecer a exfuncionarios del régimen duartista.
Y es que Orpinel Pizarro, conocida por su estrecha relación con Duarte, ocupó posiciones clave durante su administración, siendo nombrada por el mismo como Fiscal de Distrito en varias zonas del estado. Ahora, bajo la tutela de Campos Galván, parece que su carrera está siendo cuidadosamente orquestada para ocupar una posición de poder que podría ser utilizada para perseguir a adversarios políticos y saldar favores del pasado.
Dicen, pues, que para consolidar su control sobre el Tribunal de Justicia Administrativa, la gobernadora no ha dudado en ampliar su estructura, creando dos nuevas magistraturas a través de la mayoría PAN-PRI en el Congreso del Estado. El proceso de selección de los aspirantes, controlado por una comisión claramente alineada con Campos Galván, parece ser una formalidad diseñada para legitimar un resultado ya predeterminado.
Resulta y resalta que el contexto de esta maniobra es aún más perturbador cuando se considera la reciente historia de nombramientos irregulares. En junio de 2022, Campos Galván y César Jáuregui Moreno, entonces Secretario General de Gobierno, designaron a Orpinel Pizarro como Encargada de Despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Chihuahua, un movimiento claramente ilegal que ignoró la autonomía constitucional del órgano. Este nombramiento fue visto como un intento de desmantelar las investigaciones contra la red de cómplices de Duarte y de perseguir a quienes combatieron su corrupción.
Orpinel Pizarro, protegida por la red duartista, ha sido nombrada en varios puestos estratégicos, incluido su reciente nombramiento como directora de la Unidad de Investigación de Responsabilidades Administrativas del Tribunal Superior de Justicia. Este patrón de protección y promoción sugiere una intención clara de mantenerla fuera del alcance de cualquier tipo de rendición de cuentas.
La preocupación no es infundada. La Fiscalía General del Estado, bajo la dirección de Roberto Javier Fierro Duarte, nunca investigó las denuncias penales contra Orpinel Pizarro por su gestión ilegal en la Fiscalía Anticorrupción. Esto refuerza la percepción de que existe una red de impunidad cuidadosamente mantenida para proteger a ciertos individuos.
El control que Campos Galván parece tener sobre el Congreso del Estado, el Poder Judicial, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Anticorrupción es alarmante. Su intento de imponer magistraturas a modo en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa es una movida que amenaza con socavar la independencia de este órgano y utilizarlo como herramienta de venganza política.
La sombra de César Duarte sigue proyectándose sobre el gobierno de Maru Campos. La protección y promoción de figuras como Nidia Aidin Orpinel Pizarro, una favorita de Duarte, es un claro indicador de que los viejos hábitos y alianzas del pasado siguen vigentes.
Nos leemos el siguiente lunes. Pase usted un buen fin de semana.
