Pos el reciente paro nacional indefinido de labores aprobado por jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación no es más que una muestra clara de la desconexión que existe entre una parte del Poder Judicial y el país que dicen servir. En lugar de adaptarse a la nueva realidad social y política de México, se han aliado con los restos de una oposición que, en su desesperación, busca cualquier resquicio para frenar la transformación que atraviesa el país.
Y es que este paro, que comenzó en la madrugada de este lunes en al menos 29 estados del país, se realizó bajo la excusa de proteger la autonomía del Poder Judicial ante la propuesta de reforma que busca, entre otras cosas, que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por votación popular en 2025. Sin embargo, lo que realmente evidencia esta acción es el miedo a perder privilegios y la resistencia a los cambios necesarios para que México avance hacia un sistema de justicia más transparente y democrático.
La votación que aprobó anoche esta suspensión de actividades jurisdiccionales se llevó a cabo de manera virtual, con la participación de mil 403 juzgadores, de los cuales mil 202 votaron a favor del paro. Es difícil no preguntarse, ¿qué tan representativo es este número frente a los millones de mexicanos que día a día ven cómo sus derechos son vulnerados por un sistema de justicia que parece más interesado en mantener sus propios intereses que en garantizar el acceso a la justicia?
Resulta y resalta que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed), que organizó esta votación, justificó el paro como una medida necesaria para defender la independencia del Poder Judicial. Sin embargo, esta medida no parece ser más que una cortina de humo para esconder la verdadera razón detrás de la protesta: el temor a perder el control sobre un sistema que, durante décadas, ha operado al servicio de unos pocos, en lugar de cumplir con su función de ser un pilar de la democracia y el Estado de derecho.
Es contradictorio que quienes afirman defender la independencia judicial opten por paralizar el sistema de justicia, afectando directamente a quienes dependen de él para la resolución de sus conflictos. En lugar de estar a la altura del momento histórico que vive el país, jueces y magistrados han decidido alinearse con los intereses de una oposición que ha demostrado ser incapaz de proponer alternativas viables para el desarrollo del país.
Este paro no es solo una reacción ante la reforma al Poder Judicial; es un acto de resistencia contra el cambio inevitable que está ocurriendo en México. La transformación del país ya no es un proyecto, es una realidad que avanza con fuerza, y aquellos que se niegan a aceptarlo están condenados a quedar al margen de la historia. Los ministros, jueces y magistrados deben entender que el México de hoy no es el mismo de hace diez o veinte años. Las demandas de justicia, transparencia y rendición de cuentas son más fuertes que nunca, y no habrá paro, resistencia o maniobra que detenga el cambio.
La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ya expresó su apoyo a la reforma, destacando que está en sintonía con las propuestas que han hecho los legisladores de Morena y sus aliados. Este respaldo refleja un consenso creciente de que la democratización del Poder Judicial es un paso necesario para consolidar la Cuarta Transformación.
Es hora de que el Poder Judicial deje de lado sus resistencias y asuma su papel en la construcción de un México más justo. El país ya cambió, y aquellos que se aferran al pasado, tarde o temprano, serán arrastrados por la corriente de transformación que está marcando el rumbo del futuro.
Por eso somos los rompenueces.
