El delegado de los Programas para el Desarrollo dice que le parece una contradicción la actuación del Gobierno del Estado y que el caso está sumamente politizado.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Las órdenes de aprehensión solicitadas por un agente del Ministerio Público y otorgadas por un juez en contra de ejidatarios de Benito Juárez y Constitución, parece una venganza del Gobierno del Estado en contra de campesinos que han apoyado la causa de la transformación del país, señaló el delegado de los Programas para el Desarrollo, Juan Carlos Loera de la Rosa.
“Eso sí calienta, sinceramente eso sí calienta, lo que está sucediendo con esas órdenes de aprehensión”, expresó.
Indicó que sostuvo un encuentro con el secretario de Gobernación, ahí estaba Joaquín Solorio, quien fue candidato de Morena a diputado el año pasado, cuando también él fue candidato a gobernador, para arreglar la problemática.
Desde su perspectiva, mencionó, existe una gran y muy fuerte contradicción, porque al arribo del nuevo gobierno en el estado de Chihuahua, una de las principales decisiones que se tomaron, incluso antes de que tomara protesta la gobernadora, María Eugenia Campos Galván, fue gestionar que ya se acabará el conflicto del agua en la región centro sur.
Ahora, el caso está por demás politizado: “yo estaba de acuerdo que ya que se unieran a las familias y que se le diera un cerrón a esto y vamos para adelante, pero entonces se cierra una puerta de un problema y luego se abre otra… coincidentemente con aquellos que han apoyado la causa de la transformación y que también han defendido los recursos naturales, como es el agua”.
Loera de la Rosa consideró que se debe actuar con mucha congruencia, sobre todo porque cómo es posible que se vaya a atentar contra la libertad de personas, deteniéndolas, cuando lo único que hicieron fue defender los recursos de naturales.
“Creo que tiene que medirse a todos con la misma vara, el gobierno -así como como debe ser demócrata-, también tiene que ser parejo”, dijo. “No es posible pues que se hagan este tipo de distingos, porque entonces si huele muy mal esto, parece que es una revancha política lo que está ocurriendo”.
Añadió que la situación de los ejidatarios de Constitución y de Benito Juárez no es un conflicto artificioso, como lo fue el de la región centro-sur, que sí fue un ataque contra el Gobierno, cuando se destruyeron instalaciones públicas que cuestan a todos los mexicanos.
Lo que el Gobierno Federal hizo fue cumplir con un tratado internacional y que el agua que se utilizó no tuvo un gran impacto, como es lo que está ocurriendo con la explotación y la depredación de los mantos acuíferos en la parte centro-sur del estado por parte de los nogaleros.
Se trata de defender el agua de los mexicanos, aunque los nogales son altamente productivos, únicamente los poderosos pueden sostenerlos porque son años los que hay que estar manteniéndolos para que empiecen a producir, mencionó.
Acerca de instalar la tecnología de riego tecnificado para aminorar el consumo de agua en las nogaleras, como las que impulsa el Gobierno Federal, Loera de la Rosa indicó que se trata de apoyar a los que menos tienen, no a quienes generan ganancias millonarias.
A pesar de que las nogaleras es un muy buen negocio y puede traer divisas, generar empleos y otras bondades que tiene el comercio, su situación es muy distinta.
El delegado federal mencionó que la vocación principal de las personas que se dedican a los nogales es hacer dinero, eso es lo más importante para ellos, entonces se pone en una balanza porque el agua no les cuesta al aprovechar la que va rodando.
“Lo que ha tratado de hacer el Gobierno Federal, en la política del campo, es apoyar a los que menos tienen, a los que tienen mayores necesidades, me parece que apoyar a productores que tienen ganancias comprobadas y generan miles y miles de millones de dólares de ganancias, pues entonces no necesitan apoyo”, dijo.