El pleno de la Cámara de Diputados, reunido en la “sede alterna” de la Sala de Armas de la Magdalena Mixiuhca, aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) por 359 votos en favor y 135 en contra, luego de una sesión que se extendió a lo largo de once horas.
En medio del ir y venir de trabajadores que colocaban sillas y bocinas para habilitar con premura el inmueble lo mejor posible para los diputados presentes –372, según la declaratoria inicial de quórum–, los diputados de oposición resaltaron una y otra vez que participaban en la sesión ad cautelam (con reservas) y que ésta no debía llevarse a cabo, debido a la existencia de dos órdenes de suspensión emitidas por jueces de distrito, que impedían, según argumentaron, llevar a cabo la discusión del proyecto.
Los panistas le exigieron a la Mesa Directiva, coordinada por Sergio Gutiérrez Luna, que se diera cuenta de la existencia de los mencionados amparos, para dejar constancia del sentido de la orden de los jueces.
Se esperaba, asimismo, que al encuentro en la sede alterna llegue una tercera suspensión en el mismo sentido que las dos anteriores, otorgada también por la jueza quinto de distrito con sede en Morelos, Martha Eugenia Magaña López, quien ya concedió uno de los amparos previos.
En un debate que por momentos subió de tono, el panista Germán Martínez Cázares presentó una moción suspensiva del dictamen (finalmente rechazada) en la cual argumentó que no todos los jueces sean corruptos, y señaló en defensa de los juzgadores, que “aquí el único que ha soltado a un criminal confeso, a Ovidio Guzmán, se llama Andrés Manuel López Obrador”.
