Pos la aprobación de la reforma judicial en el Senado de la República durante esta madrugada, marca un hito fundamental para la democracia mexicana, una conquista largamente esperada por aquellos que buscan transformar un sistema judicial que, por décadas, estuvo controlado por las élites conservadoras del PRI y del PAN. Esta reforma, promovida y aprobada gracias al esfuerzo de los legisladores de Morena y sus aliados, es una victoria histórica para la justicia ciudadana. Ya no más jueces y magistrados que operan al margen del pueblo, beneficiando a unos pocos en detrimento de la mayoría. Ahora, México se encamina hacia un poder judicial más justo, transparente y verdaderamente democrático.
Y es que el debate en el Senado fue intenso y prolongado, con la oposición, compuesta principalmente por PRI, PAN y MC, presentando más de 60 reservas a los artículos de la reforma, en un intento desesperado por preservar el viejo orden judicial que les otorgaba control y privilegios. Durante las más de 15 horas de discusiones, la oposición argumentó que la reforma debilitaba la autonomía del Poder Judicial y que la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular supondría un retroceso democrático. Sin embargo, lo que para ellos es un retroceso, para la mayoría del país es un avance indispensable hacia la democratización de la justicia.
Resulta y resalta que la resistencia a la reforma por parte de figuras como la ministra Norma Piña, que ha sido una crítica constante de la Cuarta Transformación (4T), representa el último bastión de un conservadurismo que se niega a ceder ante las demandas populares de un cambio real. Su oposición a la reforma judicial es un claro reflejo de los intereses que defiende: un sistema que ha permitido que los jueces operen con total impunidad, desconectados de la realidad de millones de mexicanos.
El papel de los legisladores morenistas ha sido clave para este logro. Bajo la consigna de devolver el poder al pueblo, los senadores de Morena se enfrentaron no solo a los argumentos de la oposición, sino también a la violencia y los intentos de desestabilización por parte de quienes, desde el Poder Judicial, se oponen a perder sus privilegios. Durante el debate, se reportaron incidentes en los que manifestantes, presuntamente incitados por intereses conservadores, irrumpieron en el recinto del Senado para tratar de intimidar a los legisladores. A pesar de estas presiones, Morena y sus aliados mantuvieron la convicción de que esta reforma es esencial para el futuro del país.
La reforma judicial no solo propone la elección de jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular, sino que también introduce la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal, una institución que, bajo el control de las élites conservadoras, ha servido como una herramienta para perpetuar los intereses de unos pocos. En su lugar, se creará el Tribunal de Disciplina Fiscal, una entidad que garantizará la rendición de cuentas y acabará con los abusos que durante años se han visto en el sistema judicial.
Entre los cambios más significativos también se encuentran la prohibición de crear fideicomisos que han sido utilizados por el Poder Judicial para desviar recursos, así como la eliminación de salarios y prestaciones millonarias para los jueces, magistrados y ministros. Estos beneficios exorbitantes, que han sido defendidos con uñas y dientes por los conservadores, representan una de las caras más visibles de la corrupción en el sistema judicial. Con la reforma aprobada, se pone fin a estos privilegios, permitiendo que los recursos del país sean utilizados de manera más justa y equitativa.
El resultado de la votación, 86 votos a favor y 41 en contra, refleja el amplio respaldo con el que cuenta la reforma entre quienes buscan un México más justo. La participación del senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez, que sorprendió al votar a favor de la reforma, es una señal clara de que incluso dentro de la oposición hay quienes reconocen la necesidad de un cambio en el Poder Judicial. Su voto fue un golpe para la cúpula conservadora de su partido, que se ha esforzado por mantener el control de las instituciones judiciales.
La senadora Citlalli Hernández Mora, una de las voces más firmes de la 4T, subrayó durante el debate que esta reforma no solo democratiza el Poder Judicial, sino que también responde al mandato que la mayoría de los mexicanos dio en las urnas: transformar un México que había sido secuestrado por unos cuantos, y devolverlo al pueblo. «Nunca más jueces que se manden solos», señaló con contundencia, refiriéndose a la histórica impunidad que ha caracterizado al sistema judicial mexicano.
Este es un paso firme hacia la consolidación de la Cuarta Transformación, un proyecto que busca poner fin a las estructuras de poder que han dominado México por décadas. La reforma judicial es, sin duda, uno de los avances más significativos en este proceso. Como lo señaló el senador de Morena, Alejandro Murat, con la reforma «nunca más habrá jueces que operen al margen del pueblo», y se garantizará que la justicia esté al servicio de todos los mexicanos, no solo de una élite privilegiada.
