Pos aunque usted no lo crea, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha decidido utilizar su influencia para proteger los intereses económicos de sus integrantes, lo que ha provocado un justificado enojo y un debate sobre la verdadera misión del Poder Judicial. La reciente decisión de reducir la edad de jubilación de jueces y magistrados de 65 a 55 años, antes de la implementación de la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador, es un claro ejemplo de cómo quienes ostentan el poder en este órgano buscan preservar sus privilegios a cualquier costo.
La pregunta que nos debemos hacer es: ¿es esta la justicia que México necesita? Mientras el país enfrenta problemas graves como la corrupción, la violencia y la impunidad, el Poder Judicial de la Federación —el cual debería ser un bastión de integridad— parece más preocupado en asegurar pensiones generosas para sus altos funcionarios que en cumplir con su misión de impartir justicia.
Y es que el CJF, encabezado por la ministra presidenta Norma Piña Hernández, ha aprobado esta polémica medida bajo el argumento de que los jueces y magistrados tienen derecho a una «jubilación digna», acorde a sus años de servicio. Pero detrás de ese discurso se esconde una realidad mucho más cruda: la medida busca proteger los intereses económicos de los jueces y magistrados que podrían perder sus cuantiosos beneficios con la entrada en vigor de la reforma judicial.
¡Qué casualidad! Es alarmante que la decisión haya sido tomada justo antes de la implementación de la reforma que busca limitar esos privilegios, lo cual pone en evidencia una clara intención de aprovecharse del sistema antes de que sea demasiado tarde. La reforma, propuesta por López Obrador, busca precisamente acabar con estos excesos que por años han caracterizado a un poder judicial que, en lugar de servir a la gente, se ha servido a sí mismo.
Con este nuevo esquema de jubilación anticipada, los jueces y magistrados podrán recibir pensiones complementarias que ascienden al 80% de su sueldo, sumado a lo que ya les corresponde por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La justificación ofrecida por el CJF de que se trata de un derecho es, en el mejor de los casos, cínica. Mientras millones de mexicanos enfrentan una realidad de pensiones insuficientes, estos altos funcionarios buscan garantizar para sí mismos un retiro económico muy por encima del promedio.
Resulta y resalta que este escándalo pone en entredicho la verdadera misión del Poder Judicial de la Federación. En un país donde la impunidad sigue siendo uno de los mayores problemas, y donde los ciudadanos comunes deben luchar para obtener justicia en sus casos, ver cómo los jueces y magistrados manipulan el sistema a su favor es una bofetada a la sociedad mexicana.
El Poder Judicial tiene una responsabilidad fundamental: garantizar la aplicación justa de la ley para todos los ciudadanos. Sin embargo, con esta decisión, queda claro que algunos de sus integrantes están más interesados en proteger sus beneficios personales que en luchar por los derechos y la justicia de los mexicanos.
El presidente López Obrador ha sido tajante al señalar que el Poder Judicial está «al servicio de potentados» y de «la delincuencia de cuello blanco». Y esta reciente decisión del CJF parece darle la razón. Si el Poder Judicial realmente estuviera comprometido con el pueblo, no estaría aprovechando la coyuntura para asegurar beneficios financieros desmedidos, mientras se discute una reforma que busca poner fin a estos privilegios.
La reforma judicial que impulsa el Ejecutivo federal es un paso en la dirección correcta. López Obrador ha sido claro en su intención de democratizar el sistema de justicia en México, proponiendo la elección popular de jueces y magistrados, lo que, según él, pondría a estos funcionarios al servicio del pueblo y no de los intereses económicos.
Sin embargo, esta reforma enfrenta una fuerte resistencia por parte de aquellos que se benefician del sistema tal y como está. Es evidente que la cúpula del Poder Judicial no está dispuesta a ceder sus privilegios sin luchar. La aprobación de la jubilación anticipada es solo uno de los muchos intentos de sabotear la reforma, asegurando que quienes hoy ostentan el poder puedan seguir beneficiándose de un sistema corrupto y desigual.
No es la primera vez que vemos un acto de este tipo. Los intereses creados en el Poder Judicial son tan profundos que cualquier intento de cambio se encuentra con una fuerte oposición. La sociedad mexicana no debe permitir que estas maniobras pasen desapercibidas. La justicia no puede ser un privilegio de unos pocos, y las reformas que se están discutiendo deben asegurar que el sistema judicial sirva a todos por igual.
El escándalo de la jubilación anticipada muestra el verdadero rostro del Poder Judicial de la Federación: un organismo que, lejos de velar por los intereses del pueblo, busca perpetuar los privilegios de una élite. Mientras que en los discursos se habla de justicia y equidad, en la práctica vemos cómo los altos funcionarios judiciales maniobran para asegurarse de que no perderán sus beneficios.
Este tipo de decisiones no solo socavan la credibilidad del sistema judicial, sino que también profundizan la desconfianza de la sociedad en sus instituciones. Es imperativo que los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación mantengan una vigilancia constante sobre estos abusos de poder. La lucha por un sistema judicial justo y equitativo no puede darse por vencida ante los intereses de unos cuantos.
