Pos en la actualidad, el aeropuerto internacional Abraham González de Ciudad Juárez es uno de los principales puntos de conexión para miles de viajeros al año, no solo para los juarenses, sino para personas que cruzan la frontera por negocios, turismo o visitas familiares. Sin embargo, el costo de llegar a sus destinos dentro de la ciudad después de aterrizar se ha convertido en una experiencia amarga para muchos usuarios.
Las tarifas exorbitantes, pues, impuestas por una mafia de taxistas que monopoliza el acceso al aeropuerto son un problema que lleva años afectando a los ciudadanos, quienes deben pagar hasta mil pesos por un trayecto que, de otro modo, sería mucho más asequible si las plataformas de movilidad pudieran operar libremente en la zona. Ante esta situación, la intervención del diputado Pedro Torres Estrada podría ser un verdadero cambio de paradigma.
Torres Estrada, diputado estatal por Morena, presentó un interesante exhorto ante el Congreso del Estado de Chihuahua que busca, en esencia, devolver el poder de elección a los ciudadanos. Su propuesta es clara: permitir el acceso de conductores de plataformas digitales de movilidad como DiDi, Uber e InDriver a los aeropuertos de Ciudad Juárez y Chihuahua. Un cambio que podría transformar radicalmente la experiencia de los usuarios y acabar con el monopolio de los taxis que, durante años, han controlado los servicios de transporte en estas terminales aéreas.
Resulta y resalta, como sabemos, que el trasfondo de esta problemática no es nuevo. Desde la llegada de las plataformas de movilidad a Chihuahua, los taxistas que operan en los aeropuertos han ejercido una influencia desmedida sobre las autoridades, logrando restringir el ingreso de conductores de aplicaciones mediante un sistema de multas de hasta 40 mil pesos, castigos severos que desalientan a cualquier chofer a acercarse a la zona aeroportuaria. Esta exclusividad les ha permitido mantener tarifas artificialmente infladas, muy por encima de lo que el mercado libre y competitivo sugeriría como precio justo. Los usuarios, mientras tanto, se ven orillados a aceptar estas tarifas, sin la posibilidad de elegir un servicio más económico y eficiente.
Y es que la base de esta situación se asienta en una evidente contradicción entre el principio de la libre competencia y las prácticas restrictivas que favorecen a un grupo muy pequeño de transportistas. El monopolio de los taxistas en los aeropuertos no solo limita la capacidad de los ciudadanos de elegir, sino que vulnera los derechos de los conductores de plataformas, que han sido sistemáticamente excluidos de una parte fundamental del mercado de movilidad. Como señaló el propio Pedro Torres en su discurso, vivimos en un sistema de competencia, y en este contexto, las plataformas de movilidad no solo cumplen con los requisitos legales para operar, sino que también pagan impuestos y generan empleos. ¿Por qué, entonces, se les restringe el acceso a los aeropuertos, cuando esto claramente beneficia a un solo sector?
Esta pregunta plantea una reflexión más profunda sobre la naturaleza de las políticas de transporte en Chihuahua. El sistema actual no solo favorece a un grupo reducido de personas, sino que también perjudica gravemente al usuario final, que es quien paga el precio más alto. En un país donde la desigualdad económica sigue siendo un tema de debate, resulta contradictorio que los aeropuertos, que deberían ser espacios de tránsito y movilidad accesibles para todos, se conviertan en territorios controlados por mafias que encarecen los costos de un servicio esencial.
Los testimonios de los usuarios reflejan una frustración constante. Personas que llegan a Ciudad Juárez, ya sea por negocios o para visitar a familiares, reportan que las tarifas de los taxis en el aeropuerto pueden llegar a ser hasta cuatro veces más caras que las de las plataformas de movilidad.
A lo largo de los años, los taxistas han defendido su monopolio argumentando que las plataformas de movilidad representan una competencia desleal. Sin embargo, este argumento pierde peso cuando se examina el panorama general. Las plataformas como Uber y DiDi operan bajo marcos legales claramente establecidos, cumplen con requisitos de seguridad, verificaciones de antecedentes y están sujetas al pago de impuestos. En este sentido, no existe una razón lógica para que se les excluya de los aeropuertos, más allá del interés de los taxistas por mantener un control absoluto sobre ese espacio.
El modelo de negocio de los taxis en los aeropuertos se ha vuelto insostenible para muchos usuarios. Con tarifas que pueden alcanzar los mil pesos por trayectos relativamente cortos, como el viaje desde el aeropuerto hasta el centro de Ciudad Juárez, los usuarios se ven forzados a pagar sumas desproporcionadas por un servicio que, en comparación con las plataformas, no siempre garantiza la misma calidad o comodidad. Mientras tanto, los conductores de Uber y DiDi que intentan ingresar al aeropuerto se enfrentan a amenazas, multas y, en algunos casos, a la violencia por parte de los mismos taxistas que buscan proteger su monopolio.
Frente a esta situación, pues, la intervención de Pedro Torres no solo responde a un llamado de justicia, sino también a una necesidad urgente de garantizar la competencia leal y el bienestar de los ciudadanos. Su exhorto, presentado ante el Congreso del Estado, busca abrir la puerta a una nueva era de movilidad en los aeropuertos, donde los usuarios puedan elegir libremente el servicio que más les convenga. Torres ha sido claro en su postura: «No hay justicia en esta situación. Cada usuario debe tener el derecho de elegir el transporte que quiera utilizar, y las plataformas cumplen con los requisitos necesarios para operar».
Su propuesta no solo representa una oportunidad de democratizar el acceso al transporte en los aeropuertos, sino que también podría significar un alivio económico para miles de personas que, cada año, utilizan estas terminales aéreas. Si las plataformas de movilidad pudieran ingresar libremente, los costos de transporte se reducirían considerablemente, permitiendo a los usuarios acceder a tarifas más competitivas y, en última instancia, ahorrando grandes cantidades de dinero.
Es importantísimo entender que esta no es una batalla entre los taxistas y las plataformas de movilidad. Más bien, se trata de una lucha por los derechos de los usuarios y por un sistema de transporte más justo y equitativo. En última instancia, los aeropuertos son infraestructuras públicas, y como tales, deben estar al servicio de la ciudadanía, no al de intereses particulares.
