Pos el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en México ha sido, históricamente, el de defender el orden constitucional, garantizar los derechos de los ciudadanos y asegurarse de que la justicia sea imparcial y equitativa para todos. Sin embargo, recientes eventos han dejado a muchos mexicanos preguntándose si esta institución realmente está del lado de la justicia o si, en cambio, se ha convertido en un baluarte para la protección de los poderosos.
Un caso emblemático que refleja esta inquietud es el de Grupo Elektra, la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego, una de las personas más ricas de México. En la actualidad, la compañía enfrenta una deuda fiscal de casi 35 mil millones de pesos, una cantidad astronómica que, si no fuera por las influencias que parecen estar operando en los más altos niveles de la Corte, ya habría sido liquidada como lo haría cualquier ciudadano o pequeña empresa que no tuviera los medios ni el poder para eludir sus responsabilidades fiscales.
Y es que el caso ha estado en la agenda de la Suprema Corte durante meses. El pasado martes, la Segunda Sala de la SCJN, presidida por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, decidió frenar la discusión sobre la confirmación de una sentencia que obligaría a Elektra a pagar una deuda fiscal de más de mil 431 millones de pesos. Esta suspensión no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia que involucra la discusión en paquete de otros tres asuntos promovidos por la empresa para evitar pagar los casi 35 mil millones de pesos que la hacienda pública exige. Lo que queda claro en este proceso es que las maniobras legales y las influencias detrás de escena han logrado retrasar la resolución de un caso que, para cualquier ciudadano común, ya estaría resuelto a favor del fisco.
¿Por qué la Suprema Corte de Justicia, que debería actuar en defensa del interés público, parece estar protegiendo a una empresa que ha acumulado una deuda fiscal gigantesca? La respuesta, lamentablemente, parece estar en las mismas entrañas del sistema judicial mexicano. El poder económico de empresarios como Salinas Pliego les permite maniobrar en los laberintos de la ley con una facilidad que los ciudadanos comunes jamás podrían soñar. Mientras el mexicano promedio lucha para pagar sus impuestos, soportando cada vez más cargas fiscales, los poderosos encuentran resquicios legales, apoyados por las instituciones más altas del país, para evitar cumplir con sus obligaciones fiscales.
Resulta y resalta que este escenario no solo refleja una injusticia, sino también una burla al principio básico de equidad tributaria. Si en un país las leyes fiscales no se aplican de manera justa y uniforme, el pacto social se rompe. ¿Cómo se le puede pedir a un ciudadano de a pie que pague sus impuestos con sacrificio, cuando una empresa con los recursos de Elektra logra posponer indefinidamente el pago de miles de millones de pesos?
La situación es aún más preocupante si tomamos en cuenta los intentos de Elektra por excluir a las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres Guadarrama de las discusiones de sus casos fiscales. Esta acción es una clara señal de que la empresa no solo busca evadir sus responsabilidades económicas, sino que también intenta manipular la composición de la Corte a su favor. Al bloquear a ministras que podrían fallar en su contra, Elektra muestra el tipo de tácticas que los poderosos utilizan para influir en el poder judicial.
El caso de Grupo Elektra es solo uno de muchos en los que la Corte parece proteger los intereses de las élites económicas en lugar de salvaguardar el interés general. Este patrón de comportamiento pone en entredicho la independencia del poder judicial en México y plantea serias dudas sobre su compromiso con la justicia. Mientras tanto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ha hecho enormes esfuerzos por recabar los impuestos que sostienen al país, se encuentra luchando contra un sistema que parece diseñado para favorecer a los más ricos.
Es imperativo que la SCJN reflexione sobre su papel en la sociedad mexicana. La justicia no puede ser solo un concepto abstracto que se invoque en discursos, sino una realidad palpable que afecte a todos por igual, desde el ciudadano más humilde hasta el empresario más poderoso. El hecho de que una empresa como Elektra pueda, con sus recursos, retrasar y manipular procesos judiciales para evitar pagar lo que debe es una afrenta no solo a la justicia, sino a toda la ciudadanía.
Y es que el principio de equidad debe ser el pilar central del sistema judicial y fiscal en cualquier país democrático. La justicia no puede ni debe ser negociable ni estar sujeta a influencias de quienes tienen el poder económico para influir en los fallos judiciales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene una oportunidad histórica para demostrar que está del lado de los mexicanos, del lado de la ley y del lado de la justicia. Pero para que esto suceda, debe dejar de proteger a los poderosos y comenzar a hacer lo que se espera de ella: aplicar la ley de manera justa e imparcial.
No es justo, ni ético, ni moral que los mexicanos cumplan con sus obligaciones fiscales mientras que quienes tienen los recursos para influir en la Corte puedan eludirlas. El poder judicial debe ser el guardián de la justicia, no el defensor de los privilegios. Y es hora de que los ministros de la Suprema Corte demuestren que están comprometidos con ese principio.
Por eso somos los rompenueces.
