Pos desde el pasado 19 de agosto, el Poder Judicial de la Federación ha estado paralizado, y su impacto ha sido devastador tanto para el sistema judicial como para la economía del país. ¿El motivo? La protesta de los trabajadores que exigen la preservación de sus salarios, prestaciones y bonos, además de la demanda de que sus condiciones laborales se mantengan intactas hasta 2025, a pesar de la inminente desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como parte de la reforma judicial. Sin embargo, mientras se prolonga esta huelga, las consecuencias se acumulan, y es difícil ignorar una realidad: el costo de esta resistencia parece más bien un acto de sabotaje que una legítima defensa de derechos.
Y es que el paro de actividades ha provocado la cancelación de aproximadamente 9 mil audiencias en todas las materias del ámbito federal, desde procesos penales hasta laborales, de amparo y extradición. A este desastre operativo se suma el costo financiero: en tan solo 45 días, la ministra Lenia Batres Guadarrama ha señalado que la huelga ha generado un impacto económico de más de 8 mil millones de pesos. Esto equivale a un gasto diario de 188 millones 814 mil 414 pesos, una cantidad que continúa fluyendo en salarios y prestaciones mientras los tribunales permanecen cerrados y la justicia en suspenso.
Este escenario plantea una pregunta inevitable: si la reforma judicial ya está decidida y el nuevo organismo de vigilancia y sanción a jueces y magistrados es una realidad en puerta, ¿qué se está logrando con este paro? La respuesta parece evidente: nada, salvo retrasar lo inevitable y entorpecer el funcionamiento del próximo gobierno.
En lugar de garantizar un entorno de transición ordenada, los trabajadores del Poder Judicial optaron por una estrategia que busca prolongar su seguridad laboral hasta 2025, pese a que el Consejo de la Judicatura Federal desaparecerá y será sustituido por una nueva instancia con facultades para sancionar las irregularidades. Al persistir en sus demandas, han generado una parálisis que afecta a miles de personas que dependen de la justicia federal para resolver sus casos.
Resulta y resalta que el impacto va más allá de lo económico. Las consecuencias humanas de este paro son incalculables: juicios penales detenidos, medidas cautelares en espera, extradiciones congeladas y cambios en sentencias que afectan directamente la vida de las personas involucradas. Los tribunales más importantes del país, como Almoloya de Juárez y Puente Grande, han visto una reducción drástica en sus actividades. En Almoloya, las audiencias han caído de un promedio diario de 6.96 a 3.69, y en Puente Grande de 14.71 a apenas 6.23. En medio de esta parálisis, casos urgentes, incluso relacionados con la delincuencia organizada de alto impacto, se mantienen estancados.
Es fundamental cuestionar el verdadero propósito de esta huelga. Si bien es comprensible que los trabajadores deseen asegurar sus derechos, el precio que la sociedad está pagando por esta intransigencia es exorbitante. A largo plazo, la continuidad de este paro solo profundizará la crisis en el sistema de justicia, afectando la percepción pública sobre su efectividad y, peor aún, deteriorando aún más la confianza en las instituciones judiciales.
Lo más preocupante es que esta lucha sindical no va a cambiar la realidad que enfrentan: la reforma judicial sigue su curso, el nuevo gobierno tomará las riendas, y el Consejo de la Judicatura Federal será reemplazado. Continuar con la huelga no alterará este desenlace. En cambio, lo que se está logrando es minar la credibilidad y legitimidad de un Poder Judicial que ya ha sido criticado por sus altos costos operativos y falta de resultados.
Es hora de que los trabajadores judiciales reconsideren sus acciones y entiendan que el tiempo perdido no volverá, y el daño económico y social que han causado ya es irreparable. El nuevo gobierno no necesita un obstáculo más en su camino hacia la implementación de reformas. Necesita una transición ordenada y un sistema judicial funcional. Mantener este paro es una muestra clara de que lo que se busca no es justicia ni derechos laborales, sino obstaculizar el avance de un cambio inminente que, guste o no, ya está aquí.
Pos mientras más se prolongue este paro, más se evidencia que el objetivo real no es la defensa de derechos, sino entorpecer la operación del nuevo gobierno y las reformas que, irónicamente, ya están decididas. El costo de este paro es demasiado alto, no solo en términos monetarios, sino en la pérdida de credibilidad de una institución que debería ser ejemplo de justicia y legalidad.
