Pos luego de meses de tensiones y desencuentros, parece que el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha comenzado a ceder ante la exigencia popular de reformar su estructura y funcionamiento. Ayer, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, acudió al Senado, marcando un hito en el proceso de diálogo entre los tres poderes que, finalmente, podría culminar con la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025. Este movimiento no es solo una respuesta a las demandas de las autoridades políticas, sino también a un clamor que ha crecido entre los ciudadanos: reformar un poder judicial que, hasta ahora, ha actuado muchas veces en detrimento del bienestar de México.
Y es que el encuentro se llevó a cabo en el marco de la conmemoración de los 200 años de la instauración del Senado, en la vieja casona de Xicótencatl. Sin la presencia de representantes del Ejecutivo o la Cámara de Diputados, Piña fue recibida con notable calidez por el presidente de la Cámara, Gerardo Fernández Noroña. Lejos de las tensiones que habían caracterizado la relación en semanas anteriores, los aplausos y hasta un beso en la mejilla marcaron el momento. Este recibimiento, más que una formalidad, parece ser una señal de que el Poder Judicial ha comenzado a mostrar apertura hacia el proceso de reforma que los mexicanos piden a gritos.
Resulta y resalta que es un hecho que el Poder Judicial necesita una transformación profunda. Desde que se desató el paro de labores en protesta contra la reforma judicial, miles de casos han quedado en suspenso, afectando a ciudadanos que dependen de la justicia para resolver disputas y recibir reparaciones. Mientras tanto, los funcionarios del Poder Judicial continúan recibiendo sus sueldos, aun cuando las oficinas permanecen cerradas y los juicios congelados. Esta situación ha sido vista por muchos como un abuso de poder, un capricho de aquellos que se resisten al cambio y a la rendición de cuentas.
El paro no solo ha perjudicado el acceso a la justicia, sino que también ha desatado un fuerte descontento social. ¿Cómo es posible que los jueces y magistrados, quienes deberían ser guardianes de la legalidad, se amparen en su propia estructura para evitar ser sometidos al voto popular? Los mexicanos han exigido una reforma que ponga fin a los privilegios de una élite judicial que parece estar más interesada en conservar sus posiciones que en garantizar un sistema justo y eficiente.
Es evidente, pues, que la visita de Norma Piña al Senado es un paso simbólico en el camino hacia la negociación. Aunque la presidenta de la Corte no ofreció declaraciones, la apertura de este diálogo ya es un avance significativo. Fernández Noroña, quien ha sido uno de los principales impulsores de la reforma judicial, destacó que existe una interlocución permanente entre el gobierno federal y el Poder Judicial. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha jugado un papel clave en este proceso, junto con Adán Augusto López Hernández y el propio Noroña, quienes han sostenido reuniones con Piña en búsqueda de una transición pacífica hacia las elecciones de 2025.
Es importante destacar que, aunque no todos los miembros de Morena están de acuerdo con la invitación a Piña ni con las negociaciones en curso, la mayoría de los legisladores y una parte considerable de la ciudadanía coinciden en que el Poder Judicial no puede seguir operando bajo las mismas reglas. La reforma es inevitable, y la elección de jueces, magistrados y ministros el 1 de junio de 2025 será un paso decisivo en este proceso.
El Senado ya ha establecido un calendario claro: este sábado se llevará a cabo un sorteo en tómbola para determinar qué cargos judiciales serán sometidos a elección en 2025. Según la Constitución, la mitad de las plazas de jueces y magistrados estarán en juego, mientras que la otra mitad se elegirá en 2027. Esta medida permitirá que el sistema judicial sea renovado progresivamente, garantizando que los nuevos funcionarios sean elegidos por el voto popular y no por intereses internos que han dominado hasta ahora.
No obstante, es crucial que el Poder Judicial detenga el paro de labores. Cada día que pasa con las oficinas cerradas, más personas ven retrasados sus casos, lo que incrementa la frustración social. Además, este paro es un abuso de los recursos públicos, ya que los jueces y magistrados continúan recibiendo su salario a pesar de no cumplir con sus responsabilidades. Es inadmisible que, en un país que lucha por consolidar un estado de derecho, los encargados de impartir justicia utilicen su poder para evitar ser fiscalizados y elegidos democráticamente.
La reforma al Poder Judicial es una demanda legítima que no puede ser ignorada. Los mexicanos merecen un sistema judicial transparente, eficiente y, sobre todo, que esté al servicio de la justicia y no de los intereses de una minoría. La visita de Norma Piña al Senado es un paso en la dirección correcta, pero aún queda mucho por hacer. El diálogo debe continuar, pero es fundamental que el Poder Judicial acepte su responsabilidad y regrese a trabajar para los ciudadanos que dependen de su labor.
Es momento de que el Poder Judicial de México se someta al mandato del pueblo, y que los jueces, magistrados y ministros se pongan a la altura de las exigencias de la sociedad. Las elecciones de 2025 serán un parteaguas en la historia del país, pero para llegar a ese punto, necesitamos que el sistema funcione ahora, no solo en un futuro lejano. La justicia no puede esperar.
Por eso somos los rompenueces.
