El tema migratorio será prioridades de la nueva gestión en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo de Juan Ramón de la Fuente, quien ayer fue ratificado como canciller por el Senado de la República.
En el programa de trabajo de la dependencia se enmarcan dos puntos relacionados con la migración: el compromiso de atender de manera más eficaz
la diáspora regional y global (2023 rompió los registros históricos con 2.5 millones de cruces migratorios irregulares y 140 mil 900 solicitudes de protección internacional ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados).
El funcionario ha ofrecido una gestión cada vez más eficaz
del fenómeno migratorio, por lo que anunció un reforzamiento del modelo de movilidad humana mejorando los cruces fronterizos, a partir de la aplicación del Modelo Humanitario de Movilidad.
Con este modelo –que la Comisión Intersecretarial de Atención Integral en Materia Migratoria lanzó a finales del sexenio pasado– el gobierno de México pretende atender la migración con una visión regional priorizando sus causas estructurales, para que ésta sea una decisión y no una obligación
.
Recientemente, De la Fuente informó que en la frontera sur también se trabajará con el fin de crear un polo de desarrollo que permita disminuir la migración para lo cual se establecerá colaboración con los gobiernos de Tabasco y de Chiapas, así como con las autoridades de Guatemala.
El segundo punto en materia migratoria que será prioritario en la política exterior del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaim es el velar
por la seguridad y los derechos humanos de la comunidad mexicana en el exterior, en particular de Estados Unidos, que aportan miles de millones de dólares a la economía de ambos países.
Para ello, la SRE trabajará en varios aspectos. Uno central será poner en marcha un programa de protección legal a los connacionales que viven en Estados Unidos, a fin de hacer frente a las leyes antimigrantes que tienen varios estados del vecino del norte.
En ese sentido, la cancillería realizará un observatorio de ese tipo de leyes, estado por estado, a fin de conocer sus implicaciones en contra de la comunidad migrante, en particular la mexicana, y con ello generar a nivel consular las estrategias de protección.
Otra vertiente para mejorar el apoyo a los mexicanos en el exterior será la optimización de los servicios en los consulados a través de la digitalización de los documentos que requieren, y el vincular esos espacios a la red de servicios comunitarios.
