Pos es un tema que no puede ignorarse, y la pregunta que retumba en la conciencia colectiva es ineludible: ¿cómo es posible que el expresidente Felipe Calderón no supiera de las actividades ilícitas de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna? La reciente condena de 38 años impuesta a García Luna en Estados Unidos por narcotráfico pone de relieve un cúmulo de pruebas y testimonios que no dejan margen de duda sobre su colusión con el crimen organizado. Ante esto, Morena en la Cámara de Diputados ha pedido una investigación de oficio no sólo contra García Luna, sino contra el propio Calderón, así como figuras clave del Partido Acción Nacional (PAN), como su actual dirigente, Marko Cortés, y el senador Ricardo Anaya.
Este reclamo no es producto de una acusación ligera o de un ajuste de cuentas político. Se trata de hechos documentados. La investigación estadounidense no se basó en simples dichos, como argumentan los defensores de García Luna, sino en un expediente con más de 60 mil pruebas documentales, que revelan la dimensión de las transacciones ilícitas, los contratos millonarios con gobiernos y las operaciones sospechosas de espionaje en las que estaba involucrado.
Resulta y resalta que el alegato de Calderón de que no tenía elementos para sospechar de su colaborador más cercano en temas de seguridad, resulta, en el mejor de los casos, una postura de negación inverosímil. Incluso otros altos funcionarios de su administración, como el entonces subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare, le habían advertido sobre las actividades ilícitas de García Luna. Que Calderón haga caso omiso de estas advertencias o, peor aún, afirme no haber tenido indicios suficientes para actuar, resulta poco creíble.
La gravedad de esta situación trasciende la relación personal entre Calderón y García Luna. Se trata de un entramado de relaciones entre el narcotráfico, la seguridad pública y el poder político en México que afectó a todo un país. El PAN, durante su gobierno, fue señalado de haber transferido más de un millón de pesos a una de las empresas de García Luna, Glac Security Consulting Technology Reach Management, un pago que no ha sido esclarecido hasta el día de hoy. Si se demuestra que estos recursos fueron destinados a actividades ilícitas, como espionaje o incluso apoyo a operaciones del crimen organizado, la consecuencia lógica sería la pérdida del registro del PAN, una sanción grave pero necesaria para limpiar el panorama político de México.
La retórica de Marko Cortés y Ricardo Anaya, intentando distanciarse de García Luna y de las decisiones tomadas durante el gobierno de Calderón, no hace más que acrecentar las dudas. Ambos, figuras prominentes del PAN, deberían ser llamados a declarar para esclarecer su papel en esta trama. Es imposible que, como líderes de un partido, no estuvieran al tanto de los movimientos financieros y las alianzas con empresas ligadas a García Luna.
Morena ha pedido que las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), actúen con determinación para llegar al fondo de este escándalo. No es sólo un acto de justicia para las víctimas de la violencia exacerbada durante el sexenio de Calderón, sino una necesidad para la democracia y la legitimidad del Estado mexicano. La corrupción y la colusión con el narcotráfico no son temas que puedan ser tratados con tibieza o indiferencia. La justicia debe actuar con la misma fuerza y rigor que se aplicó en Estados Unidos contra García Luna.
Y es que el argumento de que Felipe Calderón no sabía lo que sucedía bajo sus narices es, en sí mismo, una confesión de ineptitud o complicidad. Si no sabía, entonces no era apto para el cargo que ocupaba. Si sabía, lo que parece más probable, entonces debería ser investigado y, si las pruebas son concluyentes, enfrentar las consecuencias legales correspondientes.
No se trata de revanchismo político, pues, como algunos pretenden acusar. Es una cuestión de responsabilidad histórica. Las relaciones entre el poder político y el narcotráfico han sido un cáncer que ha corroído las instituciones del país, y el caso de García Luna es el síntoma más reciente de esta enfermedad. Calderón, como jefe de Estado durante el periodo en que García Luna cometió sus delitos, no puede quedar exento de investigación.
El hecho de que la condena de García Luna haya sido dictada por un tribunal estadounidense y no por las autoridades mexicanas añade una dimensión dolorosa al caso. ¿Por qué en México no se actuó con la misma rapidez y contundencia? Según Arturo Ávila, vocero de Morena en San Lázaro, se tomó una decisión inteligente al dejar que el juicio avanzara en Estados Unidos, ya que se evitó la percepción de persecución política. Sin embargo, este razonamiento no exime a las autoridades mexicanas de la responsabilidad de investigar a fondo las redes de complicidad que se tejieron en el seno del PAN y durante el gobierno de Calderón.
La justicia debe alcanzar a todos los implicados, sin importar el rango o la afiliación política. México merece saber la verdad sobre lo que realmente sucedió durante el sexenio de Felipe Calderón y cómo fue posible que el narcotráfico penetrara tan profundamente en las instituciones encargadas de combatirlo.
Por eso somos los rompenueces.
