Pos las recientes manifestaciones y amparos promovidos por la oposición en contra de la reforma judicial son la muestra más clara de que han cruzado una línea. Ya no se trata de una simple discrepancia política, sino de una estrategia desesperada para aferrarse al poder. Las resistencias no son, como pretenden hacer creer, por el bien del país o por la defensa de la justicia. Al contrario, lo que revelan es el tamaño de sus intereses, que están profundamente arraigados en un Poder Judicial que por años ha operado al servicio de las élites.
La bancada de Morena ha sido enfática: la reforma judicial que fue aprobada constitucionalmente no es ni impugnable, ni revisable, ni suspendible por ningún medio judicial. Esto significa que los jueces y ministros que intentan frenar el proceso mediante suspensiones o amparos no tienen competencia legal para hacerlo. La Constitución, tal y como lo han reconocido en múltiples ocasiones los propios órganos del Poder Judicial, no puede contradecirse a sí misma. Y mucho menos puede un juez o incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación anular las decisiones que toma el Constituyente Permanente, el órgano encargado de reformar nuestra Carta Magna.
Lo que estamos presenciando es un intento flagrante por parte de la oposición de desconocer la voluntad popular y el mandato constitucional. El argumento de que Claudia Sheinbaum incurre en desacato por no acatar una suspensión que impide la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación es tan solo una distracción. ¿Acaso creen que un juez puede anular el proceso legislativo que fue validado tanto por el Congreso de la Unión como por la mayoría de los congresos estatales? Esto no es más que una muestra de lo lejos que está dispuesta a llegar la oposición para proteger sus propios intereses.
Y es que es evidente que la oposición no está del lado del pueblo, sino del lado de un grupo de burócratas judiciales que, durante años, han dictado resoluciones que benefician a sus propios intereses. En lugar de estar al servicio de la ciudadanía, muchos jueces y ministros han operado como una extensión de las élites políticas y empresariales, otorgando amparos y suspensiones que solo protegen sus privilegios.
La reforma judicial que ha sido aprobada no es más que una respuesta necesaria a un poder que ha estado desconectado de las necesidades del pueblo. En lugar de garantizar el acceso a la justicia, el Poder Judicial ha sido un muro infranqueable para las mayorías. Los amparos, las suspensiones y los recursos judiciales que hoy interponen los jueces en contra de la reforma no son más que un intento de perpetuar un sistema que por décadas ha protegido a los mismos de siempre.
Es aquí donde la oposición muestra su verdadero rostro: no están preocupados por el estado de derecho, ni por la Constitución. Lo que verdaderamente les preocupa es que la reforma judicial pone en jaque un poder que les ha sido funcional y que, en muchos casos, ha garantizado que sus propios intereses prevalezcan por encima del bien común. Por eso, las protestas y los amparos son una reacción visceral, una pataleta de quienes ven cómo se desmoronan las estructuras que por años los han protegido.
La soberanía popular no es impugnable, ni revisable, ni suspendible. Este ha sido uno de los pilares de la postura de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en torno a la reforma judicial. Y tienen razón. El pueblo de México, a través de sus representantes, aprobó esta reforma. Fue un mandato claro y contundente que no puede ser ignorado por un grupo de jueces y ministros que buscan invalidar un proceso legítimo y constitucional.
Resulta y resalta que la la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está por encima de cualquiera de los tres poderes de la Unión. Ningún poder, ni siquiera el Judicial, puede estar por encima de la soberanía popular. Y es precisamente eso lo que la oposición se niega a aceptar. No están dispuestos a perder el control sobre un Poder Judicial que ha operado, durante demasiado tiempo, como un baluarte de sus intereses particulares.
El Constituyente Permanente, el órgano encargado de reformar la Constitución, ya ha hablado. Y lo ha hecho con una legitimidad que ningún juez puede contradecir. La democracia se funda en el respeto a la voluntad popular y en la aceptación de los cambios que esta impone. Lo que vemos hoy es una resistencia a ese cambio. Una resistencia que, lejos de ser una defensa de la justicia, es un intento desesperado por preservar el statu quo.
Es revelador que los jueces y ministros que han interpuesto suspensiones y amparos en contra de la reforma sean los mismos que han dictado resoluciones a su favor. Esto no es casualidad. Lo que está en juego no es solo una reforma legal, sino el control de uno de los poderes más influyentes del país. La oposición sabe que, si pierde el control sobre el Poder Judicial, perderá una de sus últimas trincheras de poder. Y eso es algo que no están dispuestos a permitir.
Los ciudadanos debemos preguntarnos: ¿por qué la oposición está tan desesperada por frenar esta reforma? ¿Qué intereses están defendiendo? La respuesta es clara: están defendiendo un sistema que les ha permitido acumular poder y proteger sus privilegios. Un sistema que, en lugar de garantizar la justicia para todos, ha funcionado como un escudo para unos pocos.
La reforma judicial es una respuesta necesaria a las demandas de un pueblo que ha sido ignorado por demasiado tiempo. Y es precisamente por eso que la oposición la combate con tanta ferocidad. No están del lado del pueblo, están del lado de los jueces y ministros que han hecho del Poder Judicial su feudo personal.
La oposición ya ha cruzado una línea. Sus manifestaciones y amparos no son más que un reflejo de su desesperación. Han quedado expuestos. Ya no pueden esconderse detrás de discursos vacíos sobre la defensa de la Constitución o el estado de derecho. Lo que verdaderamente defienden son sus privilegios. Y esos privilegios, por fin, están siendo puestos en jaque.
Es momento de que el Poder Judicial deje de ser un refugio para las élites y comience a funcionar al servicio del pueblo. La reforma judicial es un primer paso en esa dirección. Y, aunque la oposición se resista con todas sus fuerzas, es inevitable que el cambio llegue. Ya basta.
