Pos una vez más, el Poder Judicial de México exhibe sus fauces al servicio de los poderosos, amparando a quienes evaden sus responsabilidades y burlan al pueblo mexicano. En esta ocasión, el caso que salta a la palestra es el del magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Grupo Elektra, un empresario que parece tener el don de esquivar los deberes fiscales y financieros que cualquier ciudadano o pequeña empresa tendría que afrontar sin excusa. ¿La razón? La podrida estructura judicial que, en lugar de impartir justicia, se dedica a proteger a estos depredadores.
El caso de Salinas Pliego, denunciado por los fondos de inversión estadounidenses Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, es un ejemplo más del vínculo entre la clase empresarial más rapaz y el Poder Judicial más corrupto. Estos fondos exigen que se cumpla con un juicio por una deuda de 400 millones de dólares que TV Azteca, propiedad de Salinas Pliego, contrajo en 2017 al emitir títulos de deuda, comprometiéndose a pagar intereses semestrales. Sin embargo, en 2021, la empresa dejó de cumplir, argumentando la necesidad de reestructurar la deuda, y desde entonces se ha beneficiado de decisiones judiciales que lo protegen como si fuera intocable.
Y es que en septiembre de 2022, un juez del Poder Judicial mexicano, Miguel Ángel Robles Villegas, otorgó una sentencia secreta que permite a Salinas Pliego suspender el pago de sus deudas hasta que la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la pandemia. Una medida que no solo raya en lo absurdo, sino que es una ofensa directa para miles de mexicanos que han perdido sus empleos, negocios y hasta vidas a causa de la pandemia. Mientras los ciudadanos comunes enfrentan las consecuencias económicas y sociales, Salinas Pliego se pasea impune, sin tener que pagar sus deudas y, peor aún, aplazando sus multimillonarios adeudos fiscales, que ascienden a más de 33 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
¿Qué hay detrás de este manto de protección? Es claro que la influencia de Salinas Pliego se extiende mucho más allá de sus empresas mediáticas y comerciales. Su capacidad para manipular a las cortes mexicanas, especialmente en un caso tan grave como su deuda fiscal, deja en evidencia la profunda corrupción que reina en el Poder Judicial. Estamos ante un sistema que no solo es incapaz de impartir justicia, sino que además actúa como un cómplice activo de la evasión de impuestos y el incumplimiento de obligaciones financieras.
Las cortes mexicanas, con sus sentencias secretas y decisiones absurdas, están protegiendo a un empresario que ha demostrado un desprecio total por las leyes que deberían regir a todos por igual. Mientras tanto, los pequeños y medianos empresarios, que luchan día a día para mantener sus negocios a flote, no tienen más remedio que cumplir con cada peso que el SAT les exige, bajo la amenaza de ser embargados o incluso encarcelados.
Resulta y resalta que Salinas Pliego no es un ciudadano más, pues; es una de las figuras más poderosas del país, pero eso no debería otorgarle inmunidad. Su deuda no solo con los fondos internacionales, sino también con el SAT, es una burla para todos los mexicanos que sí cumplen con sus responsabilidades fiscales. Y es aquí donde surge la pregunta inevitable: ¿qué tan podrido está nuestro Poder Judicial? ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando esta estructura que no sirve a la justicia, sino a los intereses de una élite empresarial que abusa de su poder y recursos?
La respuesta a esta crisis es clara: necesitamos una reforma radical del sistema judicial. Pero no una reforma superficial o de maquillaje. Es urgente que todos los jueces que hoy ostentan el poder sean removidos de sus puestos y se abra paso a un nuevo sistema, uno donde el pueblo tenga la oportunidad de elegir a sus jueces. La elección popular de jueces podría ser la única vía para asegurar que quienes imparten justicia no sean títeres de las grandes fortunas, sino verdaderos representantes de los intereses del pueblo.
No podemos permitir que el Poder Judicial siga siendo el cómplice de la evasión fiscal y el abuso empresarial. Los jueces que hoy protegen a magnates como Salinas Pliego deben ser removidos, y el pueblo mexicano debe tener la oportunidad de elegir a quienes verdaderamente velarán por la justicia. Porque mientras los jueces sigan siendo cómplices de esta carroña empresarial, México no podrá avanzar hacia un futuro de equidad y justicia.
La inmunidad de la que gozan figuras como Salinas Pliego es una prueba contundente de que el sistema judicial actual no sirve al pueblo, sino a los intereses más oscuros del poder económico. Es hora de cortar de raíz esta complicidad y abrir las puertas a un nuevo sistema donde la justicia no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos.
