Pos hemos dado suficiente cobertura en este espacio al conflicto iniciado por el Poder Judicial, pues. Y ahora el proceso para elegir jueces, magistrados y ministros mediante el voto popular sigue avanzando, a pesar de las fuertes resistencias que enfrenta desde dentro del Poder Judicial. Esta semana, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reafirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe continuar con la organización de este histórico proceso. Aun así, no han faltado intentos de detenerlo, especialmente por parte de los propios jueces que buscan aferrarse a sus millonarios privilegios.
Con una votación ajustada de tres votos a favor y dos en contra, el pleno de la sala superior del TEPJF desechó las suspensiones emitidas por jueces de distrito que buscaban frenar el avance de la reforma judicial. En un fallo clave, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, ponente del proyecto, subrayó que detener este proceso sería contrario a la Constitución, específicamente al artículo 41, que regula los procesos electorales. Según De la Mata, ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendría el poder de suspender este proceso, ya que se trata de un mandato constitucional.
Y es que la resistencia en el Poder Judicial es evidente. A lo largo de los últimos meses, se ha intensificado el cabildeo para frenar las reformas que buscan democratizar la elección de los jueces. Este sector, acostumbrado a beneficios económicos desproporcionados y privilegios que lo han blindado durante años, se encuentra en una situación inédita: por primera vez, la ciudadanía tendría voz y voto sobre quiénes deben impartir justicia.
El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada Janine Otálora Malassis votaron en contra del fallo, argumentando que la acción declarativa debía aplazarse hasta que la SCJN resolviera otros asuntos pendientes vinculados con la reforma judicial. Su postura refleja la división interna que existe dentro del propio tribunal electoral y entre los jueces en general. Rodríguez fue más allá, sugiriendo que el TEPJF no tiene la competencia para pronunciarse sobre las suspensiones dictadas por los juzgados de distrito, mostrando una clara señal de resistencia dentro del poder judicial.
Esta batalla, lo hemos dicho, es un reflejo de una lucha más profunda entre los que defienden el status quo y aquellos que buscan una justicia más accesible y transparente. Por décadas, el Poder Judicial en México ha sido un baluarte de privilegios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos. Mientras jueces y magistrados gozan de sueldos que superan el millón de pesos anuales, los problemas de acceso a la justicia siguen afectando a los sectores más vulnerables del país.
El argumento que esgrimen quienes se oponen a la reforma es que el proceso de elección popular podría politizar la justicia. Sin embargo, este razonamiento pierde fuerza cuando se observa cómo muchos jueces actuales llegaron a sus cargos mediante acuerdos políticos y no necesariamente por su mérito o capacidad. No es un secreto que el Poder Judicial ha sido, durante décadas, el espacio donde la corrupción y los intereses privados han podido florecer sin mayores consecuencias.
Resulta y resalta que el magistrado Felipe de la Mata fue contundente: suspender el proceso de elección no solo es inconstitucional, sino que también generaría una incertidumbre que podría hacer inviable el proceso electoral en su totalidad. Este es un punto crucial, ya que los tiempos electorales no se detienen y los plazos para organizar las votaciones son ajustados. Mientras más trabas se interpongan en el camino, mayor será el riesgo de que este proceso histórico fracase.
Por su parte, el INE ha dejado claro que continuará con la organización de la elección de jueces, a pesar de las presiones. Aunque algunos consejeros, como Dania Ravel, han mostrado su desacuerdo con la forma en que se está manejando el asunto, el instituto ha dejado en claro que acatará lo ordenado por el TEPJF.
El Poder Judicial, tal como lo conocemos, está en una encrucijada. La democratización de la justicia es un paso necesario para romper con los viejos vicios que han caracterizado a este sector. Sin embargo, los jueces que se resisten a perder sus privilegios han demostrado que no se rendirán fácilmente. El voto popular, aunque aún en proceso de implementación, representa una amenaza directa para sus intereses.
Mientras el proceso continúa, pues, queda claro que esta reforma no solo se trata de elegir jueces de manera democrática, sino de enfrentar y desmontar un sistema de privilegios profundamente arraigado en las estructuras del poder en México. El tiempo dirá si el país está preparado para un cambio tan radical, pero lo que es indudable es que las resistencias están lejos de desaparecer.
Por eso somos los rompenueces.
