Pos en un clima de tensiones crecientes entre el poder judicial y el ejecutivo, la discusión sobre la reforma judicial en México sigue ardiendo. La propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien aboga por una depuración de la reforma constitucional, ha desatado opiniones divididas y, sobre todo, destapado la férrea resistencia de jueces y magistrados que parecen no estar dispuestos a ceder sus privilegios millonarios. En un país donde la desigualdad y la corrupción son temas de constante preocupación, ¿es justificable que aquellos encargados de impartir justicia se amparen en reformas y excepciones que protegen sus propios intereses, manteniendo intactos los privilegios de un sistema elitista y hermético?
Y es que la propuesta de González Alcántara busca frenar la elección popular de jueces y magistrados, un mecanismo que, si bien controvertido, tiene el potencial de dotar de legitimidad democrática a quienes toman decisiones críticas para la sociedad. Esta postura se justifica bajo la premisa de que el método de postulación y el sistema de listas para votar por jueces compromete la esencia de una “República representativa y democrática”. Sin embargo, para muchos críticos, este argumento parece más una excusa que un razonamiento sólido. Más que la salvaguarda de la democracia, lo que subyace en esta oposición es el temor de los jueces a perder el control sobre la maquinaria judicial, la misma que históricamente ha servido como refugio de intocables que se resisten a cualquier intento de fiscalización ciudadana.
Es difícil ignorar que esta resistencia de la judicatura se da en perfecta sintonía con los intereses de los partidos de oposición. En este proyecto de resolución, que el pleno discutirá en los próximos días, se atienden las acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, mientras que otras solicitudes similares provenientes de actores locales, como el Partido Unidad Democrática de Coahuila y legisladores de Zacatecas, han sido desechadas. Esta coincidencia no es casual; es un claro reflejo de la simbiosis entre sectores del poder judicial y partidos opositores, unidos en su propósito de frenar cambios que pondrían fin a una estructura que beneficia a unos pocos.
Surge una pregunta bastante incómoda, pues: ¿están los jueces defendiendo realmente los valores republicanos, o simplemente están cuidando sus propios intereses y asegurando sus privilegios en una cómoda alianza con la oposición? La respuesta parece evidente. El rechazo a la elección popular de jueces y magistrados va más allá de una simple preocupación por el diseño del sistema; representa un rechazo frontal a la posibilidad de que la ciudadanía tenga un papel más activo en la selección de aquellos que, en última instancia, decidirán sobre sus derechos y libertades.
Resulta y resalta que otro aspecto controvertido de la propuesta es la anulación de la reducción de remuneraciones para jueces y magistrados actuales, aunque la avala para los de nuevo ingreso. Esta disposición es una muestra clara de la hipocresía que se vive en los círculos judiciales. La negativa a reducir los salarios de los jueces actuales se presenta como un intento de “protección” de sus condiciones laborales, pero en realidad, subraya el distanciamiento entre la realidad económica de la mayoría de los mexicanos y los lujos de quienes integran el poder judicial. La justicia, para muchos de estos jueces y magistrados, es un concepto que aplica para los demás, mientras que sus propios ingresos y beneficios deben quedar blindados.
Es relevante recordar que en el país, miles de personas viven con salarios que no alcanzan para cubrir necesidades básicas, mientras que en el Poder Judicial de la Federación (PJF) los jueces no solo tienen sueldos elevados, sino que también cuentan con fondos y fideicomisos que concentran más de 15 mil millones de pesos. La extinción de estos fondos, una de las pocas medidas de la reforma que se mantiene en la propuesta, pone en evidencia las incongruencias de un sistema que defiende los recursos destinados a la élite judicial, mientras el país enfrenta una lucha contra la pobreza y la corrupción en todos los frentes.
La propuesta del ministro González Alcántara también sugiere la eliminación de la figura de jueces sin rostro, argumentando que este mecanismo, lejos de proteger al juzgador, afecta el debido proceso legal de los imputados. Aunque esta medida podría interpretarse como un esfuerzo por defender los derechos de los acusados, también es un paso atrás en la lucha contra el crimen organizado, un enemigo poderoso que constantemente amenaza la vida de aquellos que aplican justicia. Los jueces sin rostro fueron una herramienta pensada para garantizar la imparcialidad y seguridad de quienes dictan sentencia, pero ahora, en nombre de los derechos de los acusados, se pone en riesgo a quienes se enfrentan a las estructuras criminales más peligrosas del país.
El proyecto de González Alcántara es una confirmación de que los jueces y magistrados están dispuestos a luchar hasta el final para preservar sus privilegios. La propuesta invalida limitaciones en los juicios de amparo y sostiene un enfoque en la “seguridad jurídica”, pero en el fondo, mantiene los cimientos de un sistema elitista que permite que los jueces decidan quién puede acceder a la justicia y bajo qué términos. A través de tecnicismos y figuras jurídicas complejas, el poder judicial busca proteger un statu quo que beneficia a una élite mientras ignora las demandas de la ciudadanía.
La oposición de los jueces y ministros a esta reforma no solo es un obstáculo para el cambio, sino un reflejo de la desconexión de una parte del poder judicial con la realidad nacional. La justicia debería ser un derecho de todos, no un privilegio reservado para unos pocos que temen perder sus comodidades y alianzas políticas. La reforma judicial, en su intención original, buscaba precisamente democratizar la justicia, acercarla al ciudadano, darle una cara humana y poner fin a los abusos de poder. Sin embargo, el proyecto de González Alcántara nos recuerda que esta lucha apenas comienza, y que, para la élite judicial, el verdadero enemigo es el cambio.
Por eso somos los rompenueces.
