Pos finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha demostrado que, cuando se trata de cambios profundos y necesarios, es la voluntad del pueblo mexicano la que prevalece. En una sesión histórica, la Corte rechazó las impugnaciones presentadas por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC), quienes, en una desesperada estrategia, intentaron frenar la reforma judicial que tanto se necesita en nuestro país. En el fondo, estas fuerzas políticas buscaban, más que proteger la Constitución, mantener los privilegios de una élite que se ha acostumbrado a un sistema judicial alejado de la justicia social.
Y es que el debate, intenso y prolongado, dejó en claro que las posiciones de los ministros estaban divididas. Sin embargo, al final del día, la postura del ministro Alberto Pérez Dayán marcó un giro decisivo. En un acto de valentía y congruencia, Pérez Dayán afirmó que la Corte no tiene la autoridad para modificar el sentido de la Constitución bajo el argumento de inconstitucionalidad, desmoronando el bloque opositor que buscaba invalidar la reforma. Sus palabras, directas y contundentes, dejaron sin argumentos a quienes querían que la Corte se convirtiera en un campo de batalla político.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien preside la SCJN, intentó retomar el control del Pleno, pero las palabras de Pérez Dayán ya habían hecho eco en el recinto. Era claro: el intento de detener la reforma judicial había fracasado. Este revés para los detractores representa una victoria para el México que clama por una justicia accesible, equitativa y transparente. Sin embargo, el líder del PRI, Alejandro Moreno, no perdió tiempo en expresar su frustración a través de redes sociales, mostrando una vez más la desconexión de ciertos políticos con la realidad y las necesidades del país.
La decisión de la SCJN no solo preserva la vigencia de la reforma judicial, sino que reafirma el compromiso con un sistema de justicia más justo y representativo. Las críticas de Alejandro Moreno y de los líderes del PAN y MC solo reflejan su temor ante una reforma que pretende acabar con los privilegios de una cúpula que ha usufructuado la justicia a su conveniencia. En lugar de aceptar la decisión del máximo tribunal, Moreno prefirió tildar la postura de Pérez Dayán como un “giro inusual” y un “procedimiento oscuro”, dejando entrever que su verdadera molestia radica en la pérdida de influencia que esta reforma implica para su partido y su élite.
Resulta y resalta que el pueblo mexicano ha sido testigo de los abusos y excesos de un sistema judicial que, por décadas, ha servido a los intereses de unos pocos. Esta reforma judicial, que ahora se mantiene en pie, representa un paso hacia la democratización de la justicia, algo que las élites políticas temen, porque ven en ello el fin de su influencia y control sobre los tribunales. La Corte, al rechazar la invalidación, se ha colocado del lado de la voluntad popular, enviando un mensaje claro a aquellos que aún piensan que pueden manipular las instituciones a su antojo.
La reacción de Moreno evidencia el descontento de un PRI que, acostumbrado a los privilegios y al manejo oscuro de las instituciones, se resiste a aceptar un México que avanza hacia la transparencia y la justicia. Su intento de desacreditar a Pérez Dayán es un recurso desgastado, una pataleta que solo deja en evidencia su desesperación y el desespero de aquellos que ven desmoronarse su sistema de poder. Moreno, en su afán por mantener el control de los juzgados, recurre a la narrativa de que esta reforma es un “peligro para la democracia”, cuando en realidad representa un avance en la consolidación de un sistema judicial autónomo y cercano a la gente.
Con esta decisión, la SCJN ha dado un paso histórico, rechazando las presiones de los partidos que pretendían frenar el avance de una reforma que beneficiará a la mayoría. La postura de las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortiz Ahlf, junto con la intervención de Pérez Dayán, fue fundamental para detener las aspiraciones de invalidación, demostrando que aún hay figuras comprometidas con el bienestar social y la justicia en el país.
El mensaje es claro: el México de hoy no es el mismo de antes. La sociedad mexicana exige un Poder Judicial que responda a sus necesidades y no a los intereses de unos cuantos. La permanencia de esta reforma es una muestra de que, aunque las élites intenten frenar el cambio, la voluntad popular es la que finalmente prevalece.
Este es un triunfo de todos los mexicanos que creen en un país más justo. Es un recordatorio de que, aunque las fuerzas políticas conservadoras sigan buscando la manera de detener el avance, el poder de la gente es más fuerte. La Corte ha hablado, y su mensaje es contundente: el cambio ha llegado, y no hay marcha atrás. La reforma judicial seguirá en pie, y con ella, la esperanza de un México donde la justicia ya no sea un privilegio, sino un derecho accesible para todos.
Por eso somos los rompenueces.
