Pos la reciente aprobación de la reforma que elimina siete organismos autónomos (INAI, IFT, Cofece, CRE, CNH, Mejoredu y Coneval) marca un punto de inflexión en la estructura administrativa del país. Aunque esta medida ha desatado un debate encendido sobre su impacto en la democracia, resulta imperativo reflexionar sobre los costos, la ineficiencia y la función que desempeñaban estos entes en la vida pública.
Durante años, estos organismos supuestamente autónomos fueron creados con el argumento de garantizar neutralidad técnica y supervisión independiente en áreas clave como la competencia económica, la energía, la educación y la transparencia. Sin embargo, en la práctica, se convirtieron en espacios de privilegio donde gobiernos en turno acomodaban académicos y amigos afines al sistema. Eran entidades blindadas por un discurso de autonomía que, en muchos casos, no se traducía en beneficios tangibles para la ciudadanía.
Según datos presentados por Morena, desde su creación, estos organismos han recibido más de 32 mil millones de pesos del erario público. ¿Qué se obtuvo a cambio de esta inversión? Resultados opacos y procesos que no necesariamente mejoraron la calidad de vida de los ciudadanos. Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) fueron señalados por beneficiar a grandes corporaciones, otorgando concesiones o perdonando sanciones a gigantes como Telcel y Tv Azteca.
Resulta y resalta que el Coneval, diseñado para medir la pobreza y evaluar políticas públicas, emitía diagnósticos que, aunque necesarios, no impulsaban acciones concretas ni mejoras sustanciales en la vida de las comunidades vulnerables. Por otro lado, el INAI, creado para garantizar la transparencia, a menudo se vio atado por una burocracia que lo hacía inoperante frente a casos de corrupción de gran escala.
Lejos de ser órganos garantes de derechos ciudadanos, estas entidades se transformaron en burocracias elitistas que operaban de espaldas a las necesidades del pueblo. Su autonomía no garantizó independencia real, sino que los convirtió en brazos extendidos de intereses económicos y políticos. En palabras de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, «un órgano constitucional autónomo no es el único medio, ni el más eficiente, para proteger derechos fundamentales»
En países como Estados Unidos y Canadá, temas que aquí manejaban estos organismos son supervisados por agencias gubernamentales, lo que no ha impedido la vigencia de contrapesos democráticos efectivos. México puede aspirar a un modelo similar, donde las secretarías de Estado asuman las atribuciones de estos entes bajo marcos claros de transparencia y supervisión.
Uno de los puntos más relevantes de esta reforma es que los recursos que se destinaban a mantener a estas entidades serán redirigidos al gasto social. En un país donde millones de personas viven en pobreza, destinar estos fondos a programas de bienestar resulta no solo razonable, sino urgente. La eliminación de privilegios para una élite burocrática debe dar paso a un uso más eficiente y justo del presupuesto nacional.
Y es que los críticos de la medida aseguran que la desaparición de estos organismos es una “regresión democrática”. Sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿realmente eran contrapesos efectivos, o simplemente mecanismos diseñados para aparentar independencia mientras perpetuaban un sistema de privilegios? La respuesta parece inclinarse hacia lo segundo.
La oposición ha centrado su discurso en la idea de que estos entes eran esenciales para la democracia. Sin embargo, su defensa parece responder más a la protección de intereses empresariales que a una preocupación genuina por el bienestar ciudadano. Como señaló la diputada Lilia Aguilar, “ustedes son hijos de Carlos Slim y sobrinos de Ricardo Salinas Pliego, y no vienen a defender a los mexicanos, sino a los millonarios del país”.
Tons la desaparición de estos organismos no debe interpretarse como un simple ajuste administrativo, sino como una oportunidad para replantear el diseño institucional del país. Es momento de consolidar un gobierno que, lejos de fragmentarse en estructuras ineficientes y costosas, sea capaz de operar de manera integral, transparente y con un enfoque en el bienestar colectivo.
La transformación no estará exenta de desafíos, pero es un paso necesario hacia una administración más austera, eficiente y alineada con las verdaderas necesidades de la población. Que los recursos públicos dejen de alimentar burocracias sin resultados y se traduzcan en bienestar para quienes más lo necesitan es, sin duda, un cambio que vale la pena defender.
Por eso somos los rompenueces.
