Pos en pleno 2024, la Iglesia católica parece decidida a recuperar su rol histórico como un actor político de peso en México, una influencia que perdió con la llegada de la Cuarta Transformación. Sus recientes expresiones en las homilías dominicales, abiertas en contra de la reforma judicial impulsada por el gobierno de Morena, son el reflejo de un activismo político disfrazado de oración. La intención es clara: manipular a sus fieles a través de la fe, un recurso que ha sido utilizado una y otra vez para intervenir en los asuntos del Estado y para proteger intereses muy alejados del evangelio que predican.
Ayer, en múltiples misas oficiadas en ciudades como Morelia, Oaxaca, Cancún y la Ciudad de México, obispos y sacerdotes elevaron plegarias que no solo buscaban la intervención divina en favor del Poder Judicial, sino que, entre líneas, enviaron mensajes políticos. En Morelia, por ejemplo, el arzobispo Carlos Garfias Merlos pidió a los magistrados “hablar con verdad para impedir que la mentira impere con base en la confusión”. Un comentario que, lejos de ser neutral, se alinea con las críticas de los sectores más conservadores en contra de la reforma judicial que pretende democratizar el acceso a la justicia en México.
Esta reforma, que incluye la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, representa un cambio profundo en un sistema judicial que durante décadas ha sido cooptado por intereses elitistas. No es casualidad que la Iglesia, acostumbrada a ser un actor privilegiado durante los gobiernos conservadores del PAN y del PRI, vea en esta transformación una amenaza directa a su influencia y a los privilegios que llegó a disfrutar en el pasado.
Resulta y resalta que desde que Morena llegó al poder en 2018, la Iglesia ha encontrado múltiples maneras de posicionarse en contra de las políticas del gobierno. Ya sea a través de declaraciones públicas o mediante su activismo en temas como el aborto, el matrimonio igualitario o las reformas económicas, el clero ha dejado claro que su interés no se limita al ámbito espiritual. Lo preocupante es que este activismo político sigue siendo financiado, directa o indirectamente, por los recursos de una feligresía que, en muchos casos, no es consciente de que sus contribuciones son utilizadas para fines ajenos a los valores de justicia y paz que predica la institución.
Y es que el escenario actual no es diferente. Durante la misa dominical en la Basílica de Guadalupe, en la que asistió el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, el obispo auxiliar Francisco Javier Acero Pérez pidió por los jueces y magistrados, incluyendo una velada crítica al proceso de reforma judicial. ¿Qué buscaba realmente la Iglesia con esta jornada? ¿Orar por la paz o reforzar su narrativa de oposición a la 4T? Lo cierto es que el mensaje fue claro: el Poder Judicial debe mantenerse como un bastión inmutable frente a los cambios que propone el actual gobierno.
La Iglesia no solo busca influir en el debate político actual; también intenta recuperar los privilegios que obtuvo durante los gobiernos de derecha. Recordemos cómo, durante las administraciones del PAN, el clero vivió una época dorada, con acceso a recursos públicos y la posibilidad de intervenir en la política sin restricciones significativas. Con la llegada de la Cuarta Transformación, esa dinámica cambió. El gobierno de López Obrador ha puesto un alto a los beneficios desmedidos y ha defendido la separación entre Iglesia y Estado como un principio inquebrantable.
Sin embargo, la resistencia de la Iglesia demuestra que no está dispuesta a aceptar este nuevo orden. Su activismo, lejos de ser un llamado por la paz y la justicia, es un intento de frenar las reformas que buscan democratizar el acceso a la justicia y acabar con los privilegios de las élites políticas, económicas y, sí, religiosas.
Lo más alarmante de esta situación es el uso de la fe como herramienta política. Al pedir a sus fieles que oren “para que los magistrados pongan a Dios en el centro de sus preocupaciones” o para que “no se callemos nuestros derechos” frente a la reforma judicial, la Iglesia envía un mensaje que polariza y confunde. En lugar de fomentar la reflexión crítica y el diálogo, busca alinear a sus seguidores con una postura política específica, perpetuando una narrativa que demoniza el cambio y glorifica un sistema que ha favorecido la impunidad y la desigualdad.
En este contexto, la Cuarta Transformación enfrenta un reto monumental. No solo debe lidiar con la resistencia de las élites políticas y económicas, sino también con una institución religiosa que, en pleno siglo XXI, insiste en mantener su influencia en los asuntos del Estado. La separación entre Iglesia y Estado, conquistada con esfuerzo durante el siglo XIX, no puede ser puesta en riesgo por los intereses de una institución que se niega a adaptarse a los tiempos modernos.
La Iglesia debe recordar su verdadera misión: ser un espacio de espiritualidad, reflexión y consuelo para sus fieles, no una trinchera política. Si realmente busca la paz y la justicia, debería empezar por promover el respeto a las instituciones democráticas y a los procesos de transformación que buscan construir un México más justo e incluyente.
En pleno 2024, México no necesita plegarias que dividan, sino acciones que unan. La reforma judicial no es el enemigo; es una oportunidad para reparar un sistema quebrado. La Iglesia, en lugar de obstaculizar el cambio, debería acompañar a la sociedad en este camino hacia un país mejor.
Por eso somos los rompenueces.
