Pos la reciente aprobación en el Senado de la reforma al artículo 19 constitucional, que amplía el catálogo de delitos graves que ameritan prisión preventiva oficiosa, ha encendido un intenso debate en la sociedad mexicana. Con 94 votos a favor y 34 en contra, esta modificación incluye delitos como la extorsión, la producción y distribución de drogas sintéticas como el fentanilo, el contrabando, y actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos.
Si bien la intención de combatir crímenes que han erosionado la seguridad y la confianza social es loable, la medida ha dividido a la opinión pública y a los sectores políticos. Legisladores de Morena y sus aliados defienden la reforma como un paso necesario para enfrentar la descomposición social y el impacto del narcotráfico, mientras que voces de la oposición y organismos internacionales advierten sobre el riesgo de violar derechos fundamentales.
Sorprendió que siete senadores del PAN respaldaran la reforma, a pesar de que su bancada argumentó por horas en contra, insistiendo en que la prisión preventiva automática socava la presunción de inocencia. Este cambio de postura de algunos panistas generó desconcierto y críticas al interior del partido, exponiendo divisiones que debilitan su discurso unitario.
El argumento central de quienes apoyaron la reforma radica en la urgencia de enviar un mensaje contundente contra delitos graves que atentan directamente contra la estabilidad social. Legisladores como Óscar Cantón Zetina subrayaron que «no hay nada más contrario a los derechos humanos que permitir que los victimarios sigan operando sin restricciones».
Por otro lado, opositores como Ricardo Anaya y Marko Cortés denunciaron que esta medida podría usarse como un instrumento de persecución política y alertaron que el 70% de las personas en prisión preventiva resultan ser inocentes, según datos oficiales.
Resulta y resalta que la prisión preventiva oficiosa plantea un delicado balance entre garantizar seguridad y proteger derechos humanos. Si bien busca impedir que los presuntos responsables de delitos graves evadan la justicia, también deja abierta la puerta a abusos, especialmente en un sistema judicial que enfrenta serias deficiencias estructurales.
La presunción de inocencia es un pilar fundamental del derecho penal moderno, reconocido por tratados internacionales que México ha firmado. La imposición automática de prisión preventiva, sin considerar las circunstancias particulares de cada caso, podría derivar en un uso desproporcionado de esta herramienta, con consecuencias devastadoras para personas inocentes.
Es crucial que esta reforma no se convierta en un instrumento para criminalizar la pobreza o para perseguir opositores políticos. Para evitarlo, será necesario garantizar la transparencia en su aplicación, fortalecer los procesos de supervisión judicial, y priorizar la capacitación de las autoridades encargadas de su implementación.
Además, se debe impulsar un diálogo nacional que aborde las raíces de los delitos contemplados en esta reforma. Enfrentar el narcotráfico y la corrupción, por ejemplo, requiere no solo sanciones severas, sino políticas integrales que combinen justicia, prevención y desarrollo social.
La ampliación de la prisión preventiva ha dejado claro que México enfrenta dilemas complejos en su búsqueda de seguridad y justicia. Mientras unos celebran la reforma como una herramienta para combatir la impunidad, otros temen que, sin las salvaguardas adecuadas, se convierta en un vehículo para violaciones a los derechos humanos.
Los ciudadanos y los medios deben permanecer vigilantes, exigiendo rendición de cuentas y cuestionando cualquier posible abuso. Solo así se podrá garantizar que esta medida, aprobada con la intención de proteger a la sociedad, no termine por vulnerarla aún más.
Por eso somos los rompenueces.
