Pos el Poder Judicial de la Federación, encabezado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se encuentra en el ocaso de una era de privilegios que por décadas parecían intocables. Los recientes movimientos de la Corte, al utilizar suspensiones judiciales para frenar la extinción de cinco de sus seis fideicomisos —que acumulan más de 6,324 millones de pesos—, son las últimas patadas de ahogado de una institución que, pese a su resistencia, enfrenta una transformación inevitable. Pero este esfuerzo desesperado no cambiará el destino: los privilegios exorbitantes y la opacidad en el manejo de recursos públicos ya no tienen cabida en el México de la Cuarta Transformación.
Los fideicomisos de la Corte, constituidos con recursos públicos, han sido objeto de críticas por su opacidad y falta de justificación en una nación que lucha por cerrar brechas de desigualdad. En septiembre de 2023, estos instrumentos financieros concentraban 7,177 millones de pesos. Recursos que, por mandato constitucional, deberían regresar a la Tesorería de la Federación para financiar la histórica elección popular de jueces y magistrados en 2025. Sin embargo, la SCJN, utilizando su propio aparato legal, intenta detener este proceso bajo argumentos que, en el fondo, solo buscan preservar privilegios.
Y es que la suspensión judicial que frenó la desaparición de los fideicomisos es, en esencia, un acto de auto-represalia contra una reforma que busca democratizar y transparentar el Poder Judicial. No se trata de una defensa genuina de la Constitución, sino de una maniobra política para mantener el control y proteger intereses internos. Esto, a pesar de que la reforma judicial promulgada el 15 de septiembre de 2023 y el artículo décimo transitorio de dicha enmienda ordenan claramente la extinción de estos fideicomisos.
La extinción de los fideicomisos no es un ataque a la autonomía del Poder Judicial, como algunos han argumentado, sino una acción necesaria para terminar con una estructura que, en muchos casos, ha servido como caja chica para el derroche y el abuso. Estos recursos no tienen un sustento claro en la ley y, peor aún, no están vinculados directamente a la impartición de justicia. Por ello, la transferencia de estos fondos a la Tesorería no solo es constitucional, sino moralmente ineludible en un país que busca justicia social.
La presidenta de la SCJN, Norma Piña, instruyó la entrega de los recursos a la Tesorería el pasado 8 de diciembre, pero la resistencia interna y las suspensiones judiciales han impedido que esto se cumpla en su totalidad. Este acto, lejos de ser una muestra de fortaleza, evidencia la fragmentación y el temor de un Poder Judicial que sabe que el reloj está en su contra.
La Cuarta Transformación ha planteado un objetivo claro: democratizar el sistema judicial para que deje de ser un espacio de privilegios para unos cuantos y se convierta en una institución al servicio de la ciudadanía. La elección popular de jueces y magistrados en 2025 será un paso histórico en esta dirección. Y aunque la SCJN busca obstaculizar este proceso, sus esfuerzos serán insuficientes ante el mandato constitucional y la voluntad popular.
La reciente revocación de la medida cautelar concedida por el ministro Javier Laynez Potisek es una señal de que la Corte ya no puede ignorar la nueva realidad jurídica y política. Con esta decisión, el camino hacia la desaparición de los fideicomisos está despejado, y cualquier resistencia adicional solo retrasará lo inevitable.
Al intentar conservar los fideicomisos, la SCJN no solo desafía la reforma judicial, sino que también expone su desconexión con las necesidades del país. En un México que exige austeridad, transparencia y justicia, resulta inadmisible que una institución tan poderosa se aferre a instrumentos financieros que no benefician directamente a la ciudadanía.
El fiscal general Alejandro Gertz Manero lo expresó con claridad: tras 14 años de incremento delictivo y corrupción en gobiernos anteriores, la 4T ha sentado las bases para un cambio estructural. La desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial es parte de este proceso de transformación, uno que busca terminar con los excesos que han marcado la historia reciente del país.
Un mensaje claro: el cambio es irreversible
La Suprema Corte puede patalear, retrasar y litigar, pero el mensaje del pueblo y del gobierno es claro: no hay marcha atrás en la democratización y transformación del Poder Judicial. Estas últimas maniobras no son más que intentos fútiles de un sistema que se resiste al cambio, pero el cambio, como lo demuestra la historia, siempre llega.
El México de hoy no es el mismo de hace décadas. Las viejas estructuras de poder están cayendo, y aunque la Corte intente prolongar lo inevitable, su tiempo de privilegios y opacidad está llegando a su fin. Las patadas de ahogado no cambiarán este hecho. Al contrario, solo confirman que el Poder Judicial, tal como lo conocimos, está en su ocaso. Ahora, es momento de mirar hacia adelante y construir una justicia verdaderamente al servicio del pueblo.
Por eso somos los rompenueces.
