Pos el fallo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que validó la actuación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) durante el paro de labores del Poder Judicial de la Federación (PJF) en 2024, representa un golpe devastador a la confianza pública en la justicia y una reafirmación de la impunidad en las estructuras de poder.
Durante 68 días, entre septiembre y octubre del año pasado, el sistema judicial del país se paralizó oficialmente. Nueve mil audiencias fueron suspendidas, dejando en la incertidumbre a miles de ciudadanos que esperaban respuestas a sus demandas de justicia. En este contexto, el CJF emitió medidas para reconocer el paro, suspender plazos procesales y limitarse a atender casos urgentes. Ahora, con la validación de la Corte, se blinda a jueces, magistrados y trabajadores involucrados contra cualquier tipo de responsabilidad por esta suspensión de actividades.
El argumento del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, respaldado por siete votos contra tres, se centra en que, de no haberse emitido la circular 17/2024, el sistema judicial habría caído en un mayor estado de incertidumbre. Sin embargo, esta decisión también oficializa la tolerancia hacia la interrupción del servicio público más esencial: la impartición de justicia.
Y es que la protesta de los juzgadores se originó como un rechazo a la reforma judicial promovida por la administración federal, una reforma que buscaba, entre otros puntos, transparentar la actuación de jueces y magistrados y reducir privilegios dentro del PJF. Sin embargo, la suspensión de labores no sólo perjudicó a quienes esperaban justicia, sino que expuso la falta de mecanismos para garantizar la continuidad operativa en casos de desacuerdo interno.
Resulta y resalta que la SCJN justificó su decisión como una medida para proteger el funcionamiento jurisdiccional y evitar incertidumbres legales. Pero, ¿dónde quedó el derecho de los ciudadanos a una justicia pronta y expedita? Con este fallo, el máximo tribunal del país no sólo protege a quienes participaron en el paro, sino que también envía un mensaje peligroso: el aparato judicial puede priorizar sus intereses corporativos sobre el bienestar de la población.
Según la información disponible, pues, las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf votaron en contra del proyecto, argumentando que la circular del CJF fue insuficiente para garantizar el derecho de acceso a la justicia. Ortiz Ahlf señaló que si bien el derecho a la protesta es legítimo, suspender plazos y limitar la atención a casos urgentes dejó desprotegidos a miles de justiciables. Por su parte, Batres Guadarrama criticó la falta de sanciones para quienes promovieron y ejecutaron el paro, subrayando que el CJF se dedicó a «regularizar a posteriori» decisiones unilaterales sin competencia para ello.
Estas posturas reflejan un reconocimiento claro de que la justicia no puede ser rehén de disputas internas. La falta de sanciones no sólo refuerza la percepción de impunidad, sino que también pone en entredicho la capacidad del CJF para actuar como garante del orden y la legalidad dentro del Poder Judicial.
El paro judicial afectó de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad, aquellos que dependen del sistema judicial para resolver conflictos laborales, familiares o penales. Miles de personas quedaron en el limbo legal, viendo cómo sus derechos eran postergados en un sistema que se supone debe protegerlos.
Con esta decisión, la SCJN parece cerrar filas en torno a una estructura que históricamente ha resistido la transformación. La validación de la circular 17/2024 es una muestra más de cómo las élites judiciales se protegen a sí mismas, mientras la ciudadanía sigue siendo la más afectada.
La justicia en México no puede seguir siendo un lujo reservado para unos pocos. Es momento de exigir que el Poder Judicial rinda cuentas y que se establezcan las bases para un sistema realmente justo, transparente y al servicio del pueblo.
Por eso somos los rompenueces.
