Pos por décadas, el Poder Judicial ha sido un reducto de privilegios, un espacio de impunidad donde jueces y ministros han interpretado la ley según su conveniencia, ignorando el mandato popular y torciendo la Constitución para beneficiar a una élite. La decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de no invitar a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, al acto por el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, no es un simple desaire: es un mensaje claro y contundente sobre el papel que la Corte ha jugado en contra del pueblo.
“La Corte no está invitada para mañana. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo», señaló Sheinbaum en su conferencia matutina. Y tiene razón. No se puede seguir pretendiendo que un Poder Judicial, que ha actuado como oposición política y no como árbitro de la justicia, sea recibido con los mismos honores que quienes trabajan por el bienestar común.
Resulta y resalta que los ministros de la SCJN han decidido, reiteradamente, bloquear las reformas que buscan democratizar al país. Han protegido a funcionarios corruptos, han emitido resoluciones que benefician a grandes empresarios y han ignorado su deber de defender la justicia social. ¿Cómo puede hablarse de equilibrio de poderes cuando uno de ellos ha renunciado a su obligación constitucional y se ha erigido como un muro de contención contra los cambios que exigen las mayorías?
La mandataria se fue con todo: “Es obvio, somos republicanos y somos respetuosos, pero también pedimos respeto. Es una relación mutua de respeto, de un lado y de otro». Y el respeto implica reconocer que el Poder Judicial no ha estado a la altura de su mandato. Si se les ha excluido de un acto republicano es porque ellos mismos han decidido aislarse de la voluntad del pueblo.
El rechazo del Poder Judicial a respetar la Constitución ha sido evidente en los recientes procesos de selección de candidatos al Poder Judicial. Mientras que el Ejecutivo y el Legislativo han impulsado mecanismos democráticos para que la ciudadanía participe en la elección de jueces y magistrados, la Corte ha cerrado sus puertas y se ha refugiado en tecnicismos para evitar rendir cuentas.
«Lo más preocupante es que el Poder Judicial renunció a la Constitución», advirtió Sheinbaum. Y no es una exageración. En un acto sin precedentes, la SCJN se ha negado a cumplir con un proceso que está claramente estipulado en la Carta Magna, utilizando amparos como excusa para frenar la democratización del sistema de justicia. ¿Cómo confiar en un poder que manipula la ley para su propio beneficio?
Y es que el pueblo mexicano ha sido testigo de cómo la Corte ha frenado reformas clave. Desde la reforma eléctrica hasta la judicial, la SCJN ha jugado del lado de los intereses económicos y políticos que buscan mantener el status quo. La pregunta que surge es clara: ¿Se merece el Poder Judicial ser parte de los actos conmemorativos de la Constitución cuando ha demostrado su desprecio por ella?
Afortunadamente, la renovación de la SCJN es inminente. A partir del 1 de septiembre, la integración del máximo tribunal del país cambiará, y con ello, la esperanza de que se convierta en una institución que realmente represente a la ciudadanía. La exclusión de Norma Piña y de la Corte del acto republicano no es una anécdota menor; es un recordatorio de que el Poder Judicial debe recuperar su vocación original o resignarse a quedar en la historia como el mayor obstáculo para la transformación de México.
Por eso somos los rompenueces.
