Pos, ¿qué creen? Durante décadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue el último bastión de la élite económica mexicana. Entre sentencias oscuras, expedientes guardados bajo llave y privilegios insultantes, el máximo tribunal parecía más una oficina de litigio de los grandes despachos que un órgano al servicio del pueblo. Ahora, eso está por cambiar.
Y es que Hugo Aguilar Ortiz, el primer presidente de la Corte electo por voto popular desde Benito Juárez, asumirá el 1 de septiembre con un reto monumental: liberar al Poder Judicial de los grilletes de la corrupción, los favoritismos y los intereses que lo secuestraron durante años. Atrás quedaron las épocas de ministros que caminaban entre blindajes, seguros privados y escoltas, mientras el ciudadano común esperaba justicia que nunca llegaba.
“Me ofrecían votos a cambio de compromisos”, denunció Aguilar en una reciente entrevista. “Yo respondía: si así quieren votar, entonces ustedes forman parte de quienes quieren que la Corte siga siendo rehén de intereses”. No es un detalle menor. Esa confesión revela lo que muchos sospechábamos: que durante años, la Corte no fue un tribunal, sino una caja de resonancia de los caprichos del dinero.
Aguilar, desde una oficina modesta decorada con imágenes de mujeres indígenas, ha dejado claro que su agenda tiene una prioridad: los de abajo. “Los de arriba tienen abogados. Al de abajo, si yo no hago algo, no va a llegar”, dijo. Con esa frase se resumen décadas de abandono judicial hacia los más pobres, los más marginados, los más olvidados.
Resulta y resalta que este giro de timón no es gratuito. Aguilar llega tras una elección en la que no tuvo compromisos con partidos ni empresarios. “Yo puse mis ahorritos”, declaró. Su trayectoria en defensa de pueblos indígenas y afrodescendientes es la base de una legitimidad nueva: no la que da el poder, sino la que construyen los pueblos.
El plan es ambicioso: terminar con las resoluciones en lo oscurito, acelerar los plazos procesales, reducir privilegios ministeriales y priorizar casos con valor reparador. Si se cumple, la Corte dejará de ser una fortaleza blindada para transformarse en un lugar de diálogo, abierto, donde la justicia deje de ser un privilegio de élites.
Sí, el reto es colosal. Aún persisten grupos de poder dentro del propio Poder Judicial. Pero Aguilar no se engaña: sin vigilancia, en cinco años podrían volver los mismos vicios. Por eso, apuesta por el nuevo Tribunal de Disciplina y por un enfoque metodológico común entre los nuevos ministros: “no unanimidad, pero sí unidad de objetivos: servir”.
Es un cambio de época. Atrás queda la Corte de ministros que escondían expedientes o que deliberaban entre cenas privadas y guiños del capital. Lo que comienza es un proceso de transformación que busca devolver a la justicia su sentido más básico: la equidad.
No será sencillo. Las resistencias ya se manifestaron durante su campaña. Pero Hugo Aguilar llega con claridad política, con independencia económica y con algo aún más poderoso: la convicción de que los pueblos sí merecen justicia.
México, por fin, se encamina hacia una Corte que deje de hablar en clave de abogados de cuello blanco y empiece a hablar en lenguas indígenas, en el lenguaje de las víctimas, en la voz de los que siempre han esperado justicia.
El tiempo de los ricos en la Corte se acabó. Ahora empieza el tiempo del pueblo.
Por eso somos los rompenueces.
