Pos, ¿qué creen? La violencia contra las mujeres en México no es un fenómeno aislado ni una serie de hechos desafortunados. Es estructural. Así lo ha confirmado el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en sus recomendaciones finales tras evaluar al Estado mexicano, y aunque se han logrado avances legislativos importantes, lo cierto es que la brecha entre el discurso y la realidad aún es profunda y dolorosa.
Y es que las cifras y los testimonios que sustentan el informe sombra presentado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos (Red TDT) no dejan espacio para el autoengaño: niñas, adolescentes, mujeres indígenas, migrantes, defensoras, periodistas y mujeres LGBTI+ siguen enfrentando una “grave crisis” de derechos humanos en nuestro país.
Resulta y resalta que el Comité Cedaw fue contundente: la violencia ha aumentado y tiene múltiples rostros —desde la desaparición y la tortura, hasta el feminicidio con armas de fuego— y múltiples responsables, tanto del crimen organizado como del propio Estado. La falta de políticas efectivas de seguridad, control de armas, acceso a la justicia y combate a la corrupción sigue siendo un caldo de cultivo para la impunidad.
Es cierto que el Estado mexicano ha dado pasos importantes, pero la creación de la Secretaría de las Mujeres, las reformas constitucionales sobre igualdad de género y los avances en materia de aborto son muestras claras de una voluntad política que, al menos en el papel, no se puede negar. Incluso la llegada de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es un hecho histórico que debe leerse como símbolo de transformación.
Pero el simbolismo no basta.
Las 90 recomendaciones de la Cedaw no sólo retratan carencias: exigen responsabilidades. Exigen presupuestos públicos suficientes, armonización legislativa, fortalecimiento de los refugios, reparación integral para víctimas, sanción a funcionarios negligentes y mecanismos eficaces contra la corrupción. También piden lo más básico: datos. Sin cifras precisas, sin perfiles, sin evaluación de impacto, las políticas públicas se quedan en promesas huecas.
Lo más grave es que, a pesar de los marcos legales, el acceso a derechos fundamentales como el aborto sigue siendo obstruido por estigmas, por personal médico que se resiste a garantizarlo, por normativas locales que chocan con las reformas federales. Y esto, en la práctica, sigue condenando a las mujeres más vulnerables a la clandestinidad y al sufrimiento.
Pos es momento de reconocerlo, ya que el avance ha sido real, pero insuficiente. La voluntad política debe traducirse en acciones medibles, en presupuestos ejecutados, en protección real para las mujeres en cada rincón del país. Y la sociedad civil —esa que vigila, que exige, que acompaña— sigue siendo indispensable. Porque mientras la violencia estructural no se desmantele desde la raíz, seguiremos escribiendo columnas como esta.
Y lo que todas queremos es dejar, algún día, de escribirlas.
Por eso somos los rompenueces.
