Pos, ¿qué creen? En política, las palabras importan, pero las órdenes firmadas en secreto importan más. La revelación del New York Times de que Donald Trump firmó una directiva para permitir al Pentágono el uso de la fuerza militar contra ciertos cárteles mexicanos no es un simple gesto de mano dura: es la antesala de un escenario peligroso en el que la soberanía de México podría quedar reducida a un concepto decorativo.
Trump ha insistido desde su primer mandato en que el tráfico de fentanilo y otras drogas es una “amenaza existencial” para Estados Unidos. Hasta ahora, la narrativa había estado enmarcada en operaciones de agencias como la DEA, la CIA y la Patrulla Fronteriza. Pero esta nueva directiva, al habilitar explícitamente la intervención militar, rompe un límite histórico: traslada un problema de seguridad interna a la lógica de un conflicto armado internacional.
Y es que designar a los cárteles como “organizaciones terroristas” no es un acto simbólico. Bajo la legislación estadounidense, ese término abre la puerta a operaciones militares unilaterales, incluso en territorios extranjeros, sin necesidad de una declaración formal de guerra por parte del Congreso. En otras palabras: bastaría la decisión del presidente para que drones, comandos especiales o buques de guerra actúen en aguas mexicanas o en nuestras ciudades fronterizas.
No es casual que esto ocurra en un contexto político en el que Trump busca reposicionarse como el presidenteo del “orden y la ley” rumbo a las elecciones. Una incursión en México, presentada como una acción quirúrgica contra los cárteles, le permitiría reforzar su imagen de líder implacable, incluso si las consecuencias diplomáticas fueran devastadoras.
Y aquí radica el verdadero riesgo: disfrazar una operación militar de “misión contra el terrorismo” diluye la frontera entre la cooperación y la invasión. En la práctica, podría significar tropas estadounidenses operando sin el consentimiento de México, lo que no sólo violaría tratados internacionales, sino que sentaría un precedente de intervención directa en América Latina.
Los dilemas legales que el propio Times menciona —como la posibilidad de que civiles sean asesinados sin mediar conflicto armado autorizado por el Congreso— muestran que no se trata de un plan improvisado. Es un esquema calculado, pero incompleto en su análisis ético y geopolítico. La historia de las intervenciones estadounidenses en Panamá, Granada o República Dominicana demuestra que, una vez desplegadas, las tropas rara vez se limitan al objetivo inicial.
En la memoria colectiva mexicana todavía resuena la invasión de 1914 a Veracruz y la expedición punitiva contra Pancho Villa en 1916. Ambas fueron justificadas por Washington como medidas de seguridad nacional. Hoy, más de un siglo después, el lenguaje ha cambiado —de “castigar” a “proteger la patria”—, pero la lógica es la misma: usar la fuerza militar para imponer intereses estratégicos.
México enfrenta un desafío mayúsculo: responder con firmeza diplomática y reforzar sus mecanismos internos de combate al crimen, para no dar pie a que otros tomen ese papel. Porque si algo nos enseña la historia es que las invasiones nunca empiezan con tanques cruzando la frontera; comienzan con documentos firmados en silencio, esperando el momento político oportuno para volverse realidad.
