Pos, ¿qué creen? El arresto de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay no es un episodio aislado ni una anécdota judicial más. Es una señal clara y contundente de que en los gobiernos de la Cuarta Transformación la consigna de “cero impunidad” se cumple sin matices ni excepciones. El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, señalado por liderar al grupo criminal La Barredora, creyó que podía evadir la justicia refugiándose en el extranjero, pero la estrategia de rastreo e inteligencia demostró que los tiempos de complicidades y protección oficial han terminado.
El mensaje es doble y de gran calado, porque la 4T no solo combate al narcotráfico en su expresión criminal, sino también en su infiltración dentro de las instituciones. Esta no es una operación improvisada, sino un reflejo de la política de Estado que busca cortar de raíz la relación histórica entre autoridades y delincuencia organizada. El caso recuerda lo sucedido con las investigaciones al interior de la Marina, donde se reconoció la necesidad de depurar, transparentar y sancionar incluso a mandos que durante décadas gozaron de un blindaje casi absoluto.
El “que la haga, que la pague” no es solo una frase de ocasión, sino una postura política que empieza a tener consecuencias palpables. Por primera vez en mucho tiempo, un funcionario que ocupó un puesto clave en la seguridad estatal no logra escabullirse entre las grietas del sistema, ni esconderse tras sus vínculos políticos. La captura de Bermúdez muestra que el combate al crimen no distingue entre el capo tradicional y el burócrata encubierto que juega en ambos lados de la balanza.
Quienes critican la estrategia de seguridad de la Cuarta Transformación suelen apostar al escepticismo. Dicen que nada cambia, que el poder político y el crimen organizado siguen siendo dos caras de la misma moneda. Sin embargo, la evidencia empieza a contradecir ese discurso. ¿Cuándo en gobiernos anteriores se detuvo a un exsecretario de seguridad estatal por vínculos con un grupo criminal? ¿Cuándo se aceptó públicamente que las instituciones debían ser revisadas de fondo, incluso si eso implicaba exhibir la podredumbre interna? El contraste con el pasado inmediato es evidente: antes los pactos se tejían en silencio, ahora se exponen y se rompen con procesos judiciales.
Es cierto que la detención de un personaje no resuelve, por sí sola, el problema estructural de la violencia. Tampoco significa que los grupos delictivos hayan sido desarticulados de raíz. Pero sí marca un precedente fundamental: los tiempos de impunidad se están terminando. La narrativa de que los grandes nombres nunca caen ya no es sostenible, y eso tiene un efecto directo en el ánimo social y en la credibilidad de las instituciones.
Tabasco, tierra de origen del presidente López Obrador, es también un escenario simbólico en esta historia. Ahí se envía el mensaje de que nadie tiene carta blanca, de que incluso en la entidad más cercana al movimiento de la 4T no hay intocables. Es, en pocas palabras, una forma de blindar políticamente el proyecto al demostrar que no se tolerará la corrupción ni la connivencia con el crimen, venga de donde venga.
La captura de Bermúdez Requena recuerda a todos los servidores públicos —presentes y pasados— que la época del amiguismo y la protección oficial llegó a su fin. El narco ya no se combate solo en las calles, sino también en los escritorios donde se toman decisiones de seguridad. La 4T, con sus luces y sombras, ha dado un golpe que pocos se atrevían a imaginar: enfrentar no solo a los cárteles, sino también a sus infiltrados dentro del aparato gubernamental.
La justicia va lenta, pero avanza. Y este caso es prueba de que en el México actual, quien traiciona al Estado desde adentro también será alcanzado por la ley.
Por eso somos los rompenueces.
