Pos, ¿qué creen? ¿Debe cambiar el sistema electoral mexicano? La respuesta no sólo es sí: es urgente. Lo es porque cada seis años el país gasta miles de millones de pesos en procesos comiciales que, aunque eficientes, se han vuelto insostenibles. Lo es también porque las instituciones encargadas de organizar las elecciones han perdido el vínculo directo con la ciudadanía, convertidas en estructuras burocráticas que defienden su autonomía con el mismo celo con que protegen sus privilegios.
La reforma electoral que impulsa el Gobierno federal, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, busca precisamente lo que muchos temen: un cambio profundo. Pero no se trata de debilitar la democracia, sino de fortalecerla desde su raíz, haciéndola más austera, más representativa y más cercana a la gente.
“La reforma busca bajar el costo de las elecciones, sin sacrificar principios fundamentales.” Y esos principios —transparencia, legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza— son los pilares que deben preservarse mientras se construye un nuevo marco electoral que responda a los desafíos actuales: la desconfianza, el abstencionismo y la desigualdad política, dijo Rodríguez hace poco en Sonora.
Y es que hoy, el costo de la democracia mexicana supera los 20 mil millones de pesos por elección federal. Es un modelo que nació para garantizar la equidad tras décadas de autoritarismo, pero que en su crecimiento terminó por sobrecargarse de estructuras: institutos nacionales y locales, tribunales, burocracias dobles y un sinfín de regulaciones. Cada voto cuesta caro, y aun así, la sensación de distancia entre los ciudadanos y las instituciones persiste.
Resulta y resalta que la reforma que se plantea pretende construirse desde abajo, escuchando a partidos, académicos y ciudadanía. Es decir, una reforma de la ciudadanía, no de las élites políticas. Esa sola premisa marca una diferencia respecto a las reformas pasadas, elaboradas entre cúpulas y negociadas a puerta cerrada.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, lo reconoció con prudencia: el instituto “no se niega al cambio”, aunque advierte que se debe mantener la calidad y confiabilidad de los procesos. En otras palabras, el reto es encontrar un equilibrio entre la austeridad y la solidez institucional. Es legítimo, como dijo, que la sociedad exija que cada peso invertido se traduzca en más confianza y menos simulación.
Una parte esencial del debate es la sobrerrepresentación en el Congreso, un problema que distorsiona la voluntad popular. Las reglas actuales permiten que partidos con menos del 40% de los votos obtengan mayorías legislativas, mientras las minorías quedan diluidas. Corregir esa distorsión sería un paso decisivo hacia un Congreso más equilibrado, plural y verdaderamente representativo.
Otro punto central será el futuro de los órganos locales (Oples), cuya utilidad ha sido cuestionada por sus altos costos. Mantenerlos podría tener sentido si logran demostrar eficiencia, pero la tendencia apunta hacia un modelo nacional más compacto y coordinado.
México, a más de tres décadas de su transición democrática, necesita revisar el pacto fundacional de su sistema electoral. No se trata de destruir lo construido, sino de actualizarlo para un país distinto: con la primera presidenta de su historia, con una ciudadanía más informada y con un hartazgo legítimo hacia los excesos del gasto público.
La reforma electoral que viene no debe ser temida, sino vigilada. De ella dependerá no sólo cuánto cuesta votar, sino cuánto vale nuestra democracia.
Por eso somos los rompenueces.
