Fue denunciado penalmente por la Auditoría Superior del estado luego de detectar que el acusado y otros exfuncionarios, recibieron préstamos económicos, acción que no está sustentada en la ley.
Chihuahua, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – El extesorero del Municipio de Madera, identificado como Sergio N, fue vinculado a proceso por el delito de peculado agravado a raíz de una denuncia interpuesta en su contra por la Auditoría Superior del Estado (ASE).
A través de un comunicado, Héctor A. Acosta Félix, auditor superior del estado, dio a conocer que derivado de una denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción ayer el juez penal, Julio César Medina, vinculó a proceso al exfuncionario que presuntamente cometió una actuación ilegal en perjuicio del Ayuntamiento de Madera.
De acuerdo con el informe de auditoría de la cuenta pública 2019, la ASE detectó préstamos personales improcedentes en favor de 6 exservidores públicos del Municipio de Madera, incluido el propio extesorero, quienes recibieron un total de 325 mil pesos en préstamos personales durante 2019.
Las operaciones no pudieron ser justificadas en el proceso de revisión de la cuenta pública de ese Municipio.
Entre los servidores públicos beneficiados con los préstamos, se encontraba personal de la misma tesorería, del área de adquisiciones, de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Obras Públicas.
En su informe de auditoría, la ASE señaló en su momento que: “una vez analizada la información y documentación proporcionada por el municipio, se determina que no se solventa la observación toda vez que no se anexa soporte documental que acredite la existencia de un instrumento legal que los autorice (a realizar los préstamos personales) de manera expresa”.
Bajo esa circunstancia, la Auditoría Superior dictó la promoción de fincamiento de responsabilidades administrativas y denuncia penal.
Derivado de la denuncia, la audiencia fue celebrada ayer en la ciudad de Guerrero, Chihuahua, en la cual el juez Julio César Medina determinó la vinculación a proceso y fijó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación.
