La Comisión de Justicia del Senado, que preside el chihuahuense Rafael Espino, organiza la actividad que tiene como objetivo igualar las leyes y criterios en los procesos judiciales de esas materias
Ciudad Juárez, Chih. (ADN / Martín Orquiz) – Con el objetivo de unificar la ley y los criterios para los procesos civiles y familiares en el territorio mexicano, se realizó en esta frontera el foro Hacia un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, retos y análisis, organizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República, encabezada por el chihuahuense, Rafael Espino de la Peña.
La magistrada, Miriam Hernández Acosta, presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, expuso que compartir las ideas y opiniones con relación a la iniciativa del proyecto del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares pone en conocimiento de los interesados las actividades legislativas en temas de trascendencia nacional.
Contar con una sola normatividad procesal civil y familiar, dijo, generará una simplificación legal que evita criterios jurisprudenciales, aislados y contradictorios, así como una sobreregulación en esas materias con formalismos, muchos de ellos anacrónicos.
Las materias civil y familiar están relacionadas con los asuntos más comunes de todos los justiciables, provocando un gran número de asuntos que actualmente se tramitan en los poderes judiciales de cada estado, definiéndose actualmente bajo el concepto de una justicia cotidiana.
“La importancia de este código reside, entre otras cosas, en que unifica y estandariza las disposiciones de 32 códigos procesales civiles y 32 códigos procesales familiares, más el Código Federal de Procedimientos Civiles; podemos manifestar que este novedoso cuerpo normativo, privilegia la oralidad y los medios alternativos de solución de controversias”, declaró.
A través de ese mecanismo, se busca agilidad en la tramitación de los asuntos; asimismo, trata de homologar los procedimientos jurisdiccionales para evitar la multiplicidad de términos, así como la saturación en la función jurisdiccional que, consecuentemente, genera la lentitud en el desahogo de los asuntos.
De igual manera, continuó, se debe considerar un aspecto de suma importancia, como es que la norma procedimental civil suele ser un instrumento regulador que se aplica en suplencia para otras materias, lo que amplía la cantidad de procesos carentes de uniformidad en cuanto a la utilización de la norma procesal civil a cada caso en particular.
Dijo que, por otra parte, la falta de actualización de los códigos procesales civiles y familiares dificulta a los poderes judiciales estatales la implementación de nuevas herramientas y medios digitales para impartir justicia a través de soluciones tecnológicas necesarias, más en tiempos de pandemia, las que en una gran parte de los casos no se encuentran reguladas en los códigos.
Bajo esa circunstancia, indicó Hernández Acosta, se generan obstáculos para que las personas puedan acceder a una justicia digital más ágil y práctica, por lo que resulta también necesario homologar esta clase de criterios y establecer las bases normativas para tener un nuevo sistema de justicia civil y familiar que pueda satisfacer las necesidades de implementación de las nuevas tecnologías de la información, la observancia a los derechos humanos, el acceso a la justicia, la tutela jurisdiccional efectiva y la seguridad jurídica.
Atender esas necesidades implica el desarrollo de procedimientos estandarizados y eficientes como un instrumento que, en la actualidad, reclama la sociedad.
“La oportunidad histórica que hoy tenemos de que sea conocida la iniciativa del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, por operadores jurídicos, por abogados, por la academia, por organizaciones civiles y por ciudadanía en general, nos permite intercambiar puntos de vista y opiniones a fin de enriquecerla”, mencionó.
Así se alcanza el propósito de aportar mecanismos jurídicos que se traduzcan en procedimientos ágiles, útiles y menos complejos que permitan resolver los conflictos con la celeridad que requieren los ciudadanos que acuden a los tribunales a buscar justicia, señaló.
Además de Hernández Acosta y Espino de la Rosa, presidieron la sesión la diputada federal, Aleida Alavez Ruiz; el secretario del Ayuntamiento de Juárez, Héctor Rafael Ortiz Orpinel; Jorge Antonio Breceda López, en representación del rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Juan Ignacio Camargo Nassar; además, Rubén Trejo Ortega, presidente del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Juárez.
