Busca seis años de cárcel a quien acose por teléfono para cobrar una deuda
El diputado Benjamín Carrera Chávez presentó una iniciativa para aumentar hasta en seis años de prisión a quien amenace, acose o presione vía telefónica o digital para el cobro de una deuda.
También solicitó exhortar a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como a la Fiscalía General del Estado para que, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Gobierno Federal, en conjunto con las autoridades financieras, implementen medidas para la prevención de ciberdelitos.
El diputado refirió el crecimiento que ha tenido el ciberdelito en México ante el crecimiento y ampliación del uso de las tecnologías para usuarios particulares, empresas y mercados, lo que ha permitido en paralelo el delito cibernético como una forma de delincuencia emergente y que no atiende fronteras.
Se ha expandido tan rápido como las redes mismas y, en este sentido, las amenazas a la seguridad han aumentado de manera considerable y los delitos cibernéticos aquejan a más de 431 millones de víctimas adultas a nivel mundial, de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).
Explicó que ha crecido una queja respecto a empresas que ofrecen préstamos fáciles a través de alguna aplicación, que enganchan a personas que, a cambio del financiamiento, otorgan acceso a datos sensibles e incluso a información de terceros, la cual es utilizada de manera indebida al momento de solicitar el cobro, siendo víctimas de actos de cobranza que no solo rayan en lo que hasta ahora se considera ilegal sino que constituyen verdaderos actos de hostigamiento en los que se amenaza e insulta, no solo a las personas que solicitaron recursos sino a sus contactos o cualquier persona que sea parte del entorno del cliente que se vuelve una víctima.
Refirió que al no encontrarse legalmente constituidas estas empresas, las y los usuarios que acuden ante Condusef a presentar una queja, generalmente se dan cuenta que existen impedimentos para proceder en contra de esas empresas, ya que operan al margen de la legalidad y de manera tramposa se esfuman o cambian de denominación.
Por tal motivo, la propuesta es reformar el Código Penal del Estado de Chihuahua para sancionar en mayor grado la cobranza ilegítima, de manera presencial, telefónica o a través de otros medios electrónicos, ya sea como parte de un procedimiento judicial o como actos de cobranza extrajudicial, así utilice medios ilícitos e ilegítimos, se valga del engaño y/o acoso y/o amenazas, efectúe actos de hostigamiento e intimidación se le impondrá prisión de seis meses a tres años y de ciento cincuenta a trescientos días de salario de multa.
En el mismo orden de ideas, Carrera Chávez, exhortó a las autoridades de seguridad estatales y federales para que coordinadas definan acciones para garantizar la seguridad y atención de las y los usuarios de aplicaciones de préstamos que estén siendo víctimas de algún delito, en ejercicio de los lineamientos establecidos por la Estrategia Digital Nacional.
