Pos, ¿qué creen? Las declaraciones de Ismael “El Mayo” Zambada, capo histórico del Cártel de Sinaloa, han puesto sobre la mesa un asunto que no puede pasarse por alto: si durante décadas aseguró haber corrompido a policías, militares y políticos, ¿quiénes eran esos funcionarios que recibían el dinero sucio y lo protegían?
La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: no basta con que Zambada lance la piedra. Si de verdad se trató de sobornos a las estructuras del Estado, debe haber una denuncia con nombres, tiempos y montos. Porque de lo contrario, estas confesiones terminan siendo un arma de doble filo: útiles para los intereses de Washington, que cada tanto desempolva el expediente del narco mexicano para recordarle al país vecino que ellos son los jueces supremos de la moral pública.
No hay que olvidar que “El Mayo” no es un recién llegado. Pasó décadas al frente del cártel, dominó rutas y pactos durante gobiernos priistas, y también sobrevivió —con la misma estructura intacta— en los sexenios panistas y hasta en el sexenio de López Obrador. Su poder no se explica sin la complicidad de quienes desde el Estado le abrieron las puertas. Resulta demasiado conveniente que ahora, en el ocaso de su vida criminal y en el marco de un juicio en Estados Unidos, confiese lo que todo mundo sabía: que corrompía. La pregunta es: ¿a quién?
Estados Unidos ya comenzó a mover sus piezas. El director de la DEA colocó en la misma categoría de “grandes narcotraficantes” a Joaquín Guzmán Loera, a Zambada y —sorpresivamente— a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón. Ese señalamiento no es menor: pone en evidencia que la “guerra contra el narco” fue conducida por un funcionario que jugaba en los dos bandos, responsable de la seguridad nacional y, a la vez, operador de los intereses criminales.
El riesgo está en que Washington use las palabras de Zambada como un garrote diplomático. No sería la primera vez que la narrativa estadounidense intente amedrentar a México, maquillando verdades a medias y omitiendo su propia responsabilidad: el consumo masivo de drogas, el tráfico de armas y el lavado de dinero en su sistema financiero.
México no puede permitir que las declaraciones de un capo se conviertan en el libreto de la DEA. Si Zambada asegura haber pagado protección, que se abran los expedientes, que se exhiban los nombres, que se asuma la complicidad. Porque de lo contrario, corremos el riesgo de que este episodio se convierta en lo de siempre: un espectáculo judicial en el norte y un nuevo pretexto para que se nos trate como patio trasero.
El verdadero reto es que la corrupción que permitió a “El Mayo” reinar durante décadas no quede impune. Y eso no lo definirá un tribunal en Nueva York, sino la capacidad del Estado mexicano de mirar hacia adentro, señalar a sus propios traidores y romper de una vez por todas con la herencia podrida que dejó la connivencia entre políticos, militares y narcos.
Por eso somos los rompenueces.
