Pos la reciente explosión de una camioneta en Culiacán, atribuida al uso de un dron con explosivos, es un recordatorio brutal de cómo el crimen organizado se reinventa constantemente, desafiando la capacidad del estado para garantizar la seguridad. Sinaloa y Chihuahua se han convertido en escenarios de una violencia imparable, donde la disputa entre facciones criminales como Los Chapitos y Los Mayitos ha dejado 17 muertos en solo dos días.
La política de «abrazos, no balazos», implementada por el gobierno federal, aunque bien intencionada al intentar atender las raíces sociales de la violencia, ha demostrado ser insuficiente frente a la magnitud del problema. Mientras se busca reducir la pobreza y la marginación, el crimen sigue expandiéndose, utilizando tecnología como drones para sus ataques y sembrando el terror en comunidades enteras.
Es necesario reconocer que, si bien la inversión en programas sociales es esencial, no puede venir a costa de una estrategia de seguridad debilitada. Los ciudadanos de estados como Sinaloa y Chihuahua necesitan respuestas inmediatas, no promesas de largo plazo. El gobierno federal y el Ejército deben replantear su enfoque, adoptando una postura más enérgica y estratégica que combine inteligencia, despliegue táctico y el fortalecimiento de las policías locales.
Resulta y resalta que la explosión en Culiacán es solo un síntoma de un problema más amplio: la falta de una coordinación efectiva entre niveles de gobierno y fuerzas de seguridad. Mientras las autoridades federales aseguran que la violencia se concentra en las zonas periféricas, la realidad es que estas estrategias no han logrado detener el flujo de armas, drogas y el control territorial de los cárteles.
Además, la respuesta institucional ha sido, en muchos casos, contradictoria. Mientras el gobernador de Sinaloa atribuye la explosión a un dron, otras autoridades sugieren que fue resultado de un incendio en el tanque de gasolina. Estas incongruencias solo alimentan la incertidumbre y desconfianza ciudadana.
El país no puede seguir tolerando episodios como el de Culiacán, donde el uso de drones y rifles de alto calibre como los Barret 50 son muestra de la sofisticación bélica de los cárteles. Se necesita una política de seguridad que enfrente directamente estas amenazas, pero sin caer en el abuso de la fuerza ni en el abandono de los derechos humanos.
Y es que ya es hora de que el gobierno acepte que «abrazos, no balazos» ya no basta. Si el estado no responde con determinación, el crimen organizado seguirá ganando terreno, adaptándose y sembrando el terror, mientras las comunidades sufren las consecuencias de una violencia sin freno.
El desafío está en adoptar una estrategia dual que atienda las causas sociales, pero que también garantice la seguridad inmediata de los ciudadanos. Solo así se podrá evitar que el monstruo de la violencia siga creciendo, devorando vidas y esperanzas en su camino.
Por eso somos los rompenueces.
