La embajada de Estados Unidos en México subrayó que “ningún financiamiento del gobierno de Estados Unidos se puede utilizar con fines partidistas”, en respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador.
El mandatario mexicano aseguró ayer que desde la embajada estadunidense en nuestro país “maicean” a organizaciones a las que señala como “abiertamente opositoras” a su gobierno (como Mexicanos contra la corrupción, Artículo 19, México Evalúa) con apoyos económicos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés), la sede diplomática aceptó esta subvención, aunque dijo que se cuenta con el engranaje para verificar y asegurar que esos recursos se usen objetivamente.
“El gobierno de los Estados Unidos y sus agencias cuentan con mecanismos rigurosos para monitorear y garantizar que la asistencia estadunidense se aplique de manera objetiva y de acuerdo con las disposiciones de las subvenciones”, subrayó a través de un comunicado.
La información se acompañó con datos en los que se da cuenta de los recursos aportados por la Usaid a 31 proyectos encabezados por organizaciones civiles –muchas relacionadas a grupos empresariales y no todas mexicanas— que argumentan trabajar en México en alguno de los temas contemplados por el gobierno estadunidense (derechos humanos, estado de derecho, cambio climático, fortalecimiento de la transparencia y la integridad y prevención del delito y la violencia) y los objetivos de los programas financiados.
En la dimensión Transparencia e Integridad se financió con 3 millones de dólares directos, y 3 millones más en coinversión, para el periodo 2021-2023 al proyecto “Enfoque multidimensional para abordar la corrupción e impunidad en México”, de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, del empresario Claudio X. González, uno de los más abiertos opositores al gobierno de López Obrador.
La justificación para otorgar los recursos señala que “esta actividad integra la investigación aplicada, el análisis de políticas públicas, la participación ciudadana y el periodismo de investigación para promover políticas y reformas legales para combatir la corrupción sistémica y promover la integridad empresarial”.
