En preparación para el retorno de Donald Trump y su equipo antimigrante a la Casa Blanca, defensores de derechos humanos y de inmigrantes advierten del peligro de que algunas de las medidas más crueles podrían implementarse una vez más incluyendo la separación forzada de niños de familias inmigrantes -algo calificado como un tipo de tortura por Human Rights Watch- y de detenciones en lugares antes considerados como refugios, entre ellos iglesias, hospitales y escuelas.
Un informe de Human Rights Watch, el Texas Civil Rights Project y de la Lowenstein International Human Rights Clinic de la Universidad de Yale, documenta cómo la política de “tolerancia cero” durante la primera presidencia de Trump separó a más de 4 mil 600 niños de sus padres, y que seis años después, mil 360 de estos menores de edad no han logrado reencontrarse con sus familias y de hecho siguen en un paradero desconocido.
Para estos expertos, al implementar esa política, en muchos casos las autoridades rehusaban revelar a los padres el paradero de sus hijos, lo cual constituye el delito bajo la ley internacional de desaparición forzada y, aún más, con el dolor y consecuencias sicológicas, esa práctica puede haber constituido tortura. “Las separaciones forzadas de familias podría haber resultado en tortura, definida como infligir intencionalmente dolor o sufrimiento severo para un propósito inapropiado por un agente de un estado”, señala el informe.
Los autores del informe señalan que estos delitos, resultado de una política intencional, siguen impunes sin justicia alguna para las víctimas. “La crueldad de la administración Trump con los niños fue deliberada. Estaban castigando a los niños para enviar un mensaje a los padres: no vengan a Estados Unidos, no soliciten asilo en Estados Unidos… o de lo contrario secuestraremos a sus hijos y abusaremos de ellos”, resume Human Rights Watch. Todo esto, agrega, “exige una rendición de cuentas pública, una disculpa, compensaciones y posibles acciones penales”.
Con el informe de 131 páginas, indicaron, desean presentar un reporte exhaustivo de lo que ocurrió y señalar que “nadie ha rendido cuentas” por los daños intencionales contra las familias. “Es escalofriante ver, en documento tras documento, la crueldad calculada que se impulsó por la política de separación forzada de familias”, comentó Michael Garcia Bochenek, abogado de Human Rights Watch y uno de los autores del informe, a Border Report.
