Pos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la cúpula empresarial fueron cómplices frente a los escándalos de corrupción en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La reciente exposición de irregularidades no es solo un golpe a los vestigios de la administración de Enrique Peña Nieto, sino también una radiografía de la indiferencia sistémica que alimentó el saqueo de los ahorros de los trabajadores.
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha dejado claro que el descubrimiento de estos actos ilícitos no responde a una agenda política, como insisten los críticos, sino a la defensa del patrimonio de millones de trabajadores que vieron sus sueños de vivienda propia convertidos en una pesadilla de deudas interminables y despojos. Sin embargo, el punto más revelador en su denuncia apunta al mutismo del INAI y al cínico beneficio empresarial.
Y es que Sheinbaum cuestionó abiertamente: “¿Por qué el INAI, que tanto defendían, nunca hizo nada con el Infonavit? ¿Por qué no permitían que entrara la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a hacer auditorías?”. Estas preguntas no solo son retóricas; evidencian una maquinaria bien aceitada para bloquear la transparencia. Durante años, el INAI mantuvo una actitud tibia y poco proactiva ante las solicitudes de rendición de cuentas sobre los recursos del Infonavit, lo que abonó al terreno fértil para que los intereses privados prevalecieran sobre los derechos de los trabajadores.
Por otro lado, las cúpulas empresariales, representadas en parte por figuras como Claudio X. González, han jugado un doble papel. Mientras alzan la bandera de la transparencia y la legalidad, se han beneficiado de un modelo extractivo que perpetuó la deuda y el despojo como ejes del sistema crediticio del Infonavit. El modelo no solo fue funcional para consolidar un negocio rentable; también se convirtió en una herramienta para garantizar que los ahorros de los trabajadores sirvieran de palanca para intereses corporativos.
La narrativa de que las reformas impulsadas por la administración de Sheinbaum son “políticas” o buscan “desestabilizar” al sector privado carece de sustento. Lo que realmente molesta a la oposición es la intención de poner fin a los privilegios que permitían a los empresarios tener una representación desproporcionada en el Infonavit, mientras los trabajadores quedaban relegados a una condición de subordinación económica y política.
Las reformas, que buscan dar mayor rectoría al director general y eliminar las direcciones sectoriales empresariales y sindicales, son un paso hacia un modelo más equitativo y menos opaco. Sin embargo, las críticas desde las cúpulas opositoras y empresariales han sido estridentes y vacías. En palabras de Sheinbaum: “No hay argumentos. Es un odio, una crítica… ¡Tremendo!”.
La investigación liderada por el actual director general, Octavio Romero, revela que el saqueo del Infonavit no fue un evento aislado, sino una práctica sistemática que involucró a varios actores durante diferentes administraciones. En este contexto, el INAI y los empresarios no fueron observadores pasivos, sino piezas clave de un engranaje que lucró con la precariedad de los trabajadores.
El costo de este silencio es incalculable. No solo hablamos de la pérdida material para millones de mexicanos, sino también del deterioro de la confianza en las instituciones encargadas de protegerlos. Mientras el INAI se preocupaba más por defender su autonomía que por cumplir su mandato, y mientras los empresarios guardaban cómplice silencio para no perder sus privilegios, los trabajadores eran los únicos que cargaban con las consecuencias.
Resulta y resalta que la exposición de estas irregularidades es un recordatorio de que la transparencia no debe ser una bandera ocasional, sino un principio rector de la gestión pública y privada. El camino hacia un Infonavit más justo y transparente está lleno de resistencias, pero también de posibilidades. La pregunta que queda es si como sociedad estaremos dispuestos a exigir no solo que las cloacas sean destapadas, sino también que los responsables –independientemente de su poder o influencia– rindan cuentas.
Lo que está en juego no es solo el futuro del Infonavit, sino la construcción de un país donde los derechos de los trabajadores estén por encima de los intereses empresariales y la inacción institucional.
Por eso somos los rompenueces.
