Pos los recientes acontecimientos en torno al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su actual líder, Alejandro «Alito» Moreno, han puesto nuevamente bajo escrutinio la imparcialidad y la independencia del sistema judicial en México. Ayer, el magistrado del Tribunal Federal Electoral, Reyes Rodríguez, propuso declarar improcedentes cinco impugnaciones contra el método y la convocatoria para la elección de la dirigencia nacional del PRI. La razón: los inconformes deben agotar primero las instancias internas del partido, es decir, recurrir a una Comisión Nacional de Justicia Partidaria controlada por el propio «Alito».
Este movimiento ha generado sospechas sobre la existencia de una relación de conveniencia, pues, entre los magistrados y Moreno, lo que le permitiría manejar el partido a su antojo. No es la primera vez que se plantea la necesidad de revisar cómo se eligen a los magistrados y jueces en nuestro país. La transparencia y la confianza en las instituciones son fundamentales para la democracia, y en este caso, parece haber una falta de ambas.
El proyecto de Rodríguez indica que la Comisión Nacional de Justicia del PRI debe resolver estas impugnaciones antes del 22 de julio, fecha límite para el registro de candidatos a la presidencia del partido. Este apremio coincide convenientemente con los intereses de la actual dirigencia del PRI, que busca consolidar su control antes de la próxima Asamblea Nacional y la renovación de la dirigencia nacional.
No es difícil imaginar por qué muchos sospechan de la imparcialidad del magistrado Rodríguez. Sus decisiones favorecen claramente, pues, a Moreno y a su grupo, lo que refuerza la percepción de que los jueces y magistrados están más interesados en servir a ciertos intereses que en administrar justicia de manera justa e imparcial.
Resulta y resalta que este caso pone de relieve una cuestión más amplia: la necesidad de que los magistrados y jueces en México sean elegidos de manera más democrática y transparente. En un país donde la corrupción y el tráfico de influencias son problemas endémicos, es vital que aquellos que toman decisiones cruciales para la vida pública sean seleccionados por la mayoría. Solo así se puede garantizar que quienes están al frente de las decisiones más importantes del país actúen con integridad y en beneficio del interés público.
La propuesta de que los magistrados y jueces sean elegidos por la mayoría en este caso del PRI y Alejandro Moreno subraya su urgencia. Si no abordamos estas deficiencias estructurales, continuaremos viendo cómo se toman decisiones judiciales que favorecen a unos pocos en detrimento de la justicia y la equidad para todos.
Y es que Alejandro Moreno, en su defensa, ha insistido en que el PRI marcha unido y que el proceso de renovación de la dirigencia avanza con firmeza. En un video difundido en redes sociales, Moreno desestimó las críticas y afirmó que el partido es fuerte y solidario. Sin embargo, las acciones hablan más fuerte que las palabras, y la percepción pública es que la justicia interna del PRI está siendo manipulada para servir a intereses específicos.
El caso del PRI y Alejandro Moreno es un claro ejemplo de por qué necesitamos una reforma en la manera en que se eligen a los magistrados y jueces en México. Solo a través de un proceso democrático y transparente podemos asegurar que la justicia sea verdaderamente imparcial y que nuestras instituciones sirvan al pueblo, y no a intereses particulares.
Por eso somos los rompenueces.
