La Cámara de Diputados aprobó ayer la reforma constitucional en materia de salarios mínimos, en la cual se establece que el aumento de ese indicador nunca será menor a la inflación y se fija un sueldo profesional a maestros de educación básica de tiempo completo, personal sanitario (incluyendo a médicos, enfermeras y empleados administrativos), policías, militares, marinos y miembros de la Guardia Nacional (GN).
Después de un debate de casi siete horas, el cambio al artículo 123 de la Constitución se aprobó por unanimidad en lo general y en lo particular en una misma votación, con 478 votos de legisladores de todos los partidos a favor.
En el segundo artículo transitorio de la iniciativa se especificó que el salario profesional que ganarán maestros de educación básica de tiempo completo, policías, integrantes de la GN y la fuerza armada permanente, médicos y enfermeras es de 16 mil 777.68 pesos, que equivale al salario mensual promedio registrado en 2023 en el IMSS, actualizado por la inflación estimada para 2024.
Aunque no había puntos de vista encontrados sobre la aprobación de la iniciativa, se presentaron 123 reservas al dictamen –en voz de 34 oradores–, como forma de ampliar la participación de los diputados en tribuna.
Durante los posicionamientos de los partidos y las intervenciones de los 12 oradores, todos en favor de la iniciativa, se destacó que fijar el salario mínimo siempre por encima de la inflación es una medida que dignifica este indicador, lo que beneficiará a los trabajadores del país, especialmente a quienes se encuentran en condiciones de mayor precariedad.
El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, destacó que gracias a que López Obrador se fajó en el actual sexenio, el salario mínimo repuntó 110 por ciento en términos reales, por lo que acabamos con el modelo neoliberal que frenó su alza durante varias décadas.
No obstante, la panista Carmen González advirtió que hay una contradicción en el dictamen, ya que, aunque la Secretaría de Hacienda aseguró que la reforma no genera carga presupuestal, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y la Comisión de Presupuesto de la anterior legislatura alertaron que generaría un impacto de 39 mil 800 millones de pesos.
