Militares custodiaban el miércoles infraestructura estratégica y algunos medios de comunicación en Quito y Guayaquil mientras a Ecuador le costaba recobrar la normalidad un día después que el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró que el país andino entraba en un conflicto armado interno tras una nueva espiral de violencia propiciada por bandas criminales y que derivó en el inédito asalto de un canal de televisión cuando transmitía en vivo.
Tras esa jornada violenta, que conmocionó dentro y fuera del país sudamericano, las autoridades policiales dijeron que han detenido al menos 70 personas por supuestos actos terroristas hasta la madrugada, entre ellas los intrusos encapuchados que ingresaron armados la víspera en el canal público TC Televisión en la ciudad costera de Guayaquil, considerada la más violenta del país.
En su cuenta de X, antes Twitter, la policía informó que como parte de las acciones desplegadas también se logró la liberación de tres policías secuestrados por bandas criminales, se recapturó a 17 presos fugados y que decomisó explosivos, cartuchos, armas y vehículos, en operativos realizados en todo el territorio.
“El país está en relativa calma”, aseguró el miércoles el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, a periodistas, a su arribo junto con otros funcionarios a la sede presidencial, donde desde temprano se reúnen altos funcionarios del gobierno y del cuerpo diplomático. Al menos unos 700 militares resguardan la zona.
Ecuador está viviendo por primera vez “un momento de unidad”, en el que el enemigo del Estado “es el crimen organizado”, señaló Izurieta.
Sin embargo, la situación durante la mañana era incierta e irregular en el país, con buena parte de los ciudadanos resguardados en sus casas para evitar eventuales actos de violencia, mientras en las calles circulaban patrullas de la policía y el ejército.
La decreto del gobierno de Noboa, difundido poco después de la toma violenta del canal de televisión, busca un despliegue más amplio de los soldados en todo el país para combatir a una veintena de bandas del crimen organizado y del narcotráfico, a las que catalogaron como terroristas y que serían blancos de objetivos militares.
