Redacción
Algunos de los que acceden a hablar al respecto eligen con cuidado sus palabras porque es un tema «complicado con el que hay que protegerse porque las autoridades intentan controlar», le dice a BBC Mundo un taxista pakistaní que prefiere mantenerse bajo anonimato.
Qatar, uno de los países más ricos del mundo, no está libre de pobreza. Y si no se habla lo suficiente de ella, es también por lo oculta a la vista que puede resultar.
Parte de los extranjeros que la experimentan viven en barrios aislados y peor comunicados, lejos de las zonas frecuentadas por turistas y aficionados.
Gracias principalmente al dinero del gas y el petróleo, Qatar cuenta con un producto interno bruto de 180 mil millones de dólares que ha atraído a cientos de miles de migrantes para poder invertir en construcciones enormes en el desierto.
Qatar tiene alrededor de tres millones de habitantes. De ese total, solo 350 mil (un 10% de la población) son qataríes. El resto son extranjeros. Qataríes y expatriados occidentales cuentan con altos salarios y grandes beneficios sociales.
Según las estadísticas oficiales, Qatar eliminó virtualmente la pobreza, aunque hay otra realidad distinta para muchos migrantes del sudeste asiático.
“Muchos de los que vienen de países como India, Nepal, Bangladesh o Pakistán no tienen cualificación y apenas hablan inglés. Aunque aquí tienen mejores estándares de vida que en sus países de origen, una parte importante vive con lo justo, bajo salario mínimo y compartiendo una habitación de seis para mandar dinero a sus países”, cuenta el taxista pakistaní.
Tratamiento desigual
En un país donde qataríes y expatriados occidentales pueden ganar varias decenas de miles de dólares al año más beneficios, muchos empleados sin cualificar no tienen mayor paga asegurada que la del salario mínimo mensual, apenas 275 dólares.
Qatar se convirtió en 2020 en el primer país árabe en abolir en efecto el controvertido sistema kafala (patrocinio en árabe) y el segundo en establecer un salario mínimo para todos los trabajadores independientemente de su nacionalidad después de Kuwait.
Cuando el kafala estaba vigente, si un empleado cambiaba de trabajo sin autorización, por ejemplo, podía enfrentar cargos penales, arresto y deportación.
Los empleadores a veces confiscaban el pasaporte de sus empleados, forzándolos en la práctica a permanecer de forma indefinida en el país.
Muchos migrantes también debían pagar una tasa de contratación a sus reclutadores de entre 500 dólaresy 3 mil 500 antes de abandonar sus países.
Para ello, la mayoría tuvo que recurrir a préstamos con intereses que les dejó en posiciones vulnerables.
Como parte de su regulación en materia de derechos laborales, Qatar también promulgó una ley que permitía a los trabajadores que habían completado sus contratos cambiar de trabajo libremente e impuso multas a las empresas que confiscaban pasaportes a empleados.
