Pos como sabemos, por décadas, el Poder Judicial de México permaneció como un enclave de privilegios y opacidad, inmune a las demandas de cambio de la ciudadanía. Sin embargo, el histórico proceso para que los jueces sean elegidos por voto popular avanza, marcando un hito en la democratización de las instituciones del país. Este avance no ha sido fácil ni exento de resistencia, principalmente de los propios trabajadores del Poder Judicial, cuyas protestas, aunque sonoras, carecieron del respaldo popular y encontraron eco solo en los círculos del PRIAN, ese binomio político que representa el pasado.
Y es que el Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta una tarea monumental al organizar esta inédita elección. Con un presupuesto ajustado a 6 mil 219 millones de pesos, tras arduos debates internos y ajustes presupuestales, el organismo se prepara para materializar este cambio trascendental. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, ha reconocido públicamente las dificultades del proceso, pero también ha expresado su convicción de que es el camino correcto para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
Las protestas de trabajadores judiciales, pues, se desvanecieron frente a una realidad contundente: la ciudadanía no empatizó con sus demandas. Mientras en las calles ondeaban pancartas que denunciaban un «golpe» al Poder Judicial, en los hogares mexicanos prevalecía una percepción diferente: la necesidad de reformar un sistema que históricamente ha protegido más a los poderosos que a la justicia misma.
En este contexto, el respaldo del PRIAN a las protestas no sorprende. El bloque conservador, defensor de un statu quo que le ha sido favorable, intentó convertir este movimiento en una causa política. Sin embargo, su apuesta se enfrentó a un desinterés generalizado de la sociedad, que está más interesada en ver resultados tangibles en la impartición de justicia que en proteger privilegios gremiales.
Resulta y resalta que el presupuesto del INE ha sido objeto de ajustes significativos, tras un recorte de 13 mil millones de pesos aprobado por la Cámara de Diputados. No obstante, el órgano electoral ha demostrado su capacidad de adaptarse a las circunstancias, rediseñando estrategias para garantizar tanto la elección judicial como otros procesos, como las elecciones locales en Durango y Veracruz.
A pesar de los retos logísticos, el proceso de elección de jueces representa una oportunidad sin precedentes para que los mexicanos participen directamente en la configuración del sistema judicial. Este mecanismo es un paso hacia la rendición de cuentas de los jueces, quienes ahora deberán responder no solo a normas y procedimientos, sino también a la voluntad popular.
Es importante reconocer que este avance no es solo una cuestión de cambio en la forma de elección, sino también una transformación simbólica. Al llevar las urnas al Poder Judicial, se envía un mensaje claro: las instituciones deben estar al servicio del pueblo, y no al revés.
Claro está, los retos no son menores. El presupuesto ajustado implica sacrificios, como la posible saturación de los módulos de atención ciudadana para la tramitación de credenciales de elector y la reducción de proyectos enfocados en la modernización de sistemas y promoción de la participación ciudadana. Sin embargo, estos desafíos no deben opacar el valor del objetivo mayor: consolidar un sistema de justicia que sea verdaderamente representativo y democrático.
La elección de jueces por voto popular no solo enfrenta la resistencia de los beneficiarios del viejo sistema, sino también el escepticismo de quienes temen que este proceso pueda politizar aún más la impartición de justicia. Pero la realidad es que la politización ya existía, solo que disfrazada bajo un manto de neutralidad institucional. Democratizar la elección no es un riesgo, sino una oportunidad para transparentar y legitimar el sistema judicial.
A medida que este proceso avanza, es crucial que los ciudadanos mantengan una vigilancia activa, exigiendo tanto la eficiencia del INE como la transparencia de los candidatos que aspiren a los cargos judiciales. La democracia no se detiene en las urnas; comienza en ellas.
El camino hacia una justicia democrática apenas inicia, pero cada paso representa una victoria sobre el conservadurismo que ha intentado frenar el avance del país. La elección popular de jueces es más que un cambio administrativo; es un acto de emancipación ciudadana que, con el tiempo, consolidará un México más justo y participativo.
