Pos, ¿qué creen? El primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum deja un balance alentador en materia de seguridad: los homicidios en el país se redujeron un 32 por ciento, pasando de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 59.5 en septiembre de 2025. Los números no son menores: representan cientos de vidas que no fueron arrebatadas por la violencia. Zacatecas y Chiapas encabezan el avance con reducciones del 88 y 32 por ciento respectivamente. Sin embargo, detrás de las cifras positivas, hay estados —como Chihuahua— donde el reto continúa siendo monumental.
Y es que el diagnóstico de Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, confirma que, pese a la tendencia a la baja, siete entidades concentran más de la mitad de los asesinatos del país: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Michoacán. En todas se ha registrado una disminución, pero el impacto sigue siendo desigual. Guanajuato logró una reducción del 61 por ciento gracias a operativos conjuntos y la captura de generadores de violencia. En cambio, Chihuahua aún no logra reflejar con la misma contundencia esa mejoría en sus calles, colonias y municipios.
La pregunta es inevitable: ¿qué falta para que la estrategia federal alcance un impacto real en una entidad tan compleja como la nuestra? No se trata únicamente de reforzar los operativos, sino de comprender la naturaleza cambiante del crimen en el estado. Las fronteras, el narcotráfico, la migración y la desigualdad social conforman un terreno fértil para la violencia. Los homicidios dolosos en zonas urbanas como Ciudad Juárez no responden solo a pugnas entre grupos, sino también a contextos de exclusión, pobreza y falta de oportunidades que alimentan el círculo de la violencia.
El gobierno federal ha apostado por la coordinación con los estados y la creación de células de inteligencia, un paso que sin duda mejora la reacción ante la delincuencia organizada. También ha intensificado la lucha contra la extorsión, con un aumento del 85 por ciento en las denuncias ciudadanas desde julio. En otras palabras, más gente se atreve a hablar. Y eso, en un país que ha normalizado el miedo, ya es un avance.
Pero Chihuahua necesita más. Necesita presencia institucional constante, no solo en los grandes despliegues mediáticos, sino en los programas de prevención, en el fortalecimiento de las policías locales y en la reconstrucción del tejido social. No bastan los decomisos ni las detenciones: hace falta invertir en la educación, la juventud y las comunidades rurales donde la violencia se hereda y se repite.
Las cifras nacionales pueden celebrar una tendencia a la baja, pero la percepción en la calle —esa donde la gente vive con temor a ser víctima— no cambiará mientras en Chihuahua los homicidios sigan marcando la rutina diaria. El esfuerzo es notable, la estrategia tiene resultados, pero aún falta traducir esos logros en realidades palpables para las familias chihuahuenses.
Porque sí, hay buenas noticias. Pero la paz, esa que se siente y se respira, todavía está lejos de alcanzarse en nuestro estado.
Por eso somos los rompenueces.
