Pos Ciudad Juárez, conocida por su resiliencia y capacidad de adaptación ante crisis humanitarias, enfrenta una nueva amenaza que podría desbordar sus capacidades sociales y económicas. La inminente deportación masiva anunciada por el presidente electo Donald Trump augura un éxodo de migrantes hacia nuestra ciudad, lo que representa un desafío histórico en un contexto ya marcado por tragedias como la muerte de 40 migrantes en un incendio en las oficinas del INM en marzo pasado.
Y es que la política migratoria de Trump no es nueva, pero su endurecimiento coloca a Juárez, como punto neurálgico, en el ojo del huracán. La estrategia incluye cerrar la frontera y forzar a miles de solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano bajo programas como “Permanece en México”, además de deportaciones inmediatas para quienes no cuenten con la documentación requerida. Estas medidas, anunciadas como una solución a la “crisis migratoria” en Estados Unidos, podrían convertirse en un polvorín para nuestra ciudad.
Ciudad Juárez ya tiene experiencia lidiando con la “graduación”, un fenómeno que se refiere a la llegada masiva de migrantes deportados desde Estados Unidos. A lo largo de los años, la ciudad ha enfrentado oleadas de personas expulsadas, muchas de las cuales han llegado sin redes de apoyo, sin recursos económicos y con historias de desarraigo. Sin embargo, lo que se avecina podría superar todo precedente.
Las declaraciones de Stephen Miller, asesor de Trump y arquitecto de sus políticas antimigrantes, reflejan la magnitud del plan. La deportación se enfocará inicialmente en casi 1.4 millones de personas con órdenes finales de salida, pero también afectará a otros millones en proceso de asilo o sin regularización migratoria. Los números son alarmantes y los costos para las ciudades receptoras, como Juárez, serán incalculables.
Resulta y resalta que el flujo masivo de migrantes traerá consigo una presión considerable sobre los recursos de Ciudad Juárez. Refugios desbordados, incremento en la demanda de servicios médicos y asistenciales, y una creciente población vulnerable sin empleo ni techo son solo algunas de las consecuencias inmediatas. Además, la retórica antimigrante de Trump genera un efecto colateral: miles de familias, temiendo ser separadas, ya consideran regresar a México voluntariamente.
Por otro lado, los costos sociales también serán altísimos. El fenómeno de la deportación no solo expone a los migrantes a una vida precaria y peligrosa, sino que también puede agravar problemas de inseguridad. La falta de oportunidades en México puede orillar a algunos a sumarse a economías ilícitas o ser víctimas de redes de trata y explotación.
Juárez ha demostrado ser una ciudad de lucha y resistencia, pero su capacidad tiene límites. La tragedia en las oficinas del INM dejó al descubierto fallas estructurales en la gestión migratoria, y el escenario actual no augura un cambio significativo. Las autoridades locales y federales deben actuar con prontitud para preparar la infraestructura necesaria que permita atender a los miles de deportados que llegarán en las próximas semanas.
Es importante, pues, que el gobierno mexicano ejerza presión diplomática ante Estados Unidos para que las deportaciones sean realizadas bajo parámetros que respeten los derechos humanos y brinden apoyo a quienes sean retornados. La coordinación entre los tres niveles de gobierno, las organizaciones civiles y los organismos internacionales será vital para mitigar el impacto de esta crisis.
Las deportaciones masivas no son una novedad en la historia de Estados Unidos. Operaciones como “Wetback” en los años 50 o las expulsiones durante la Gran Depresión demostraron que estas políticas no resuelven el fenómeno migratorio, sino que agravan sus efectos secundarios. Estudios históricos y económicos han confirmado que el principal motor de la migración es la búsqueda de empleo, y mientras exista esta necesidad, las personas seguirán cruzando fronteras, legal o ilegalmente.
Ciudad Juárez, como frontera emblemática, tiene la oportunidad de convertirse en un modelo de resiliencia y humanidad en medio de esta crisis. Sin embargo, este reto no puede ser asumido en solitario. Es necesario que el gobierno federal y las instituciones internacionales ofrezcan el apoyo y los recursos necesarios para que Juárez no se hunda bajo el peso de una política migratoria inhumana.
En esta coyuntura, nuestra ciudad debe recordar su historia y su capacidad de enfrentar adversidades, pero también exigir justicia y dignidad para aquellos que, obligados por las circunstancias, encuentran aquí su último refugio.
Por eso somos los rompenueces.
